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@RosmeriAlfaro
Un funcionario o una funcionaria que llega a la presidencia en un segundo mandato con el apoyo de más de 50 millones de brasileños, viagra no puede ser removida por una decisión tomada por cerca de 50 senadores de ese país.
Así, viagra una de las reflexiones que compartió ayer el periodista y expresidente de la República Mauricio Funes, en su programa Sin Censura que transmite radio La Chévere, todos los jueves, respecto a la separación del cargo de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, por incurrir en un presunto delito de responsabilidad, una acusación que, según la defensa de la presidenta, carece de sustento legal.
La también presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) y quien ha ganado dos elecciones presidenciales seguidas, fue separada de su cargo por 180 días, la semana pasada, mientras se lleva a cabo un juicio político para determinar si es culpable o no, de los delitos que se le imputan, caso que algunos analistas y juristas, tanto de ese país como del mundo entero, han calificado como un exceso político y una aberración jurídica con el que la derecha busca conseguir por la vía parlamentaria lo que no obtuvo en las urnas hace casi dos años.
La presidenta ha sido acusada por los partidos de derecha de haber maquillado los resultados económicos de su gestión presidencial, obtenidos en el ejercicio fiscal del año pasado con el propósito de que bancos del Estado absorbieran parte de la deuda generada en su gobierno y de esa forma reducir el déficit fiscal acumulado hasta ese momento.
¿Por qué una práctica del gobierno, que en el pasado cuando gobernaba la derecha nunca había sido motivo de destitución de un jefe de Estado, ahora que un partido de izquierda se encuentra gobernando si es criminalizado, al grado de generar un juicio político, mediático y condenatorio contra la presidenta Rousseff?, se preguntó el exmandatario.
De acuerdo con Funes esa ha sido una práctica recurrente en los gabinetes económicos muy usada por gobiernos de derecha y es hasta ahora cuando la izquierda se encuentra en el poder, que el senado brasileño desea abrir un juicio político contra su presidenta y separarla del cargo por seis meses mientras se toma la decisión ya sea de destituirla o de absolverla.
Además, opinó que detrás de eso hay una estrategia desestabilizadora impulsada por la derecha brasileña que busca deslegitimar un gobierno que ha puesto énfasis en su gestión pública en los programas al combate de la pobreza, muy a pesar que en algún momento la economía brasileña fue considerada la quinta economía del mundo, en la gestión del expresidente Lula Da Silva dado el crecimiento que estaba logrando y que ahora ha sido afectada por la caída de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos que exporta Brasil.
Según el expresidente, la llegada al gobierno del PT bajo la presidencia de Da Silva, Brasil sacó a más de 30 millones de brasileños de la pobreza invirtiendo en lo que hasta ese momento no habían hecho los gobiernos de derecha, comprometidos con el impulso de medidas neoliberales que habían ampliado los desequilibrios económicos y sociales y que habían hecho más rico a los ricos.
“Algo similar pasó en el país después de la victoria electoral del 2009. Por 20 años los gobiernos de ARENA habían venido orientando su gestión pública para favorecer a un pequeño grupo de empresarios nacionales en detrimento de las grandes mayorías populares. Con la victoria del FMLN en el 2009 se dio lo que algunos han llamado punto de quiebre o inflexión en la orientación de las políticas económicas y sociales porque ya no se gobernaba para un grupo de privilegiados”, indicó.
El sábado recién pasado, en el festival del Buen Vivir, desarrollado en el municipio de Izalco, el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén anunció que llamaría a consulta a la embajadora de El Salvador en Brasil, Diana Vanegas, como expresión de su desacuerdo con lo que él ha llamado golpe de Estado del senado en contra de la presidenta Dilma Rousseff.
Como reacción, diputados de ARENA presentaron una iniciativa al pleno legislativo para que se apruebe un recomendable y que el gobierno de la República retroceda en su decisión de no reconocer la legitimidad del gobierno de Michel Temer, ya que según ellos esa decisión afectaría las relaciones bilaterales con el país amigo y pondría en riesgo los programas de cooperación que Brasil viene teniendo con el país desde hace varias años.
Cabe mencionar que Brasil es uno de los países con los que El Salvador ha tenido una estrecha relación desde el 2009 a través de la gestión presidencial que hizo el expresidente Lula da Silva y luego Dilma Rousseff.
“Expresar preocupación por el futuro de la cooperación que brinda Brasil no deja de ser una actitud hipócrita si se toma en cuenta que los diputados de ARENA criticaron la gestión de la presidenta Dilma Rousseff y sobre todo del expresidente Lula da Silva a quien descalificaron y lo relacionaron con actos de corrupción”, expresó.
Agregó que esta condena pública que ha estado haciendo la derecha pudo haber puesto en riesgo la cooperación brasileña pero en esos momentos ARENA no se preocupó por el impacto político que tenían tales afirmaciones.
“Lo cometido con Rousseff, es una estrategia de desestabilización a gobiernos proveniente de izquierda en toda América Latina que se viene impulsando. No sería extraño que en el país también se quiera implementar”, dijo Funes alegando que “la extrema derecha” representada por ARENA viene impulsando una serie de acciones desestabilizadoras, para bloquear y paralizar la maquinaria del Estado provocando así el desprestigio del actual gobierno.
