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Mirna Jiménez
Diario Co latino
El expresidente de la República Mauricio Funes denunció en su programa de radio Sin Censura, ed número 71, trasmitido anoche, que se ha recrudecido la persecución política en su contra que tiene como el fin destruir su imagen. Señaló que esta campaña es orquestada con algunos medios de comunicación escritos como el Diario de Hoy.
Funes dijo que ante tanta difamación y calumnia en su contra no le queda más que responder, ya que “el que calla otorga”. Aseguró que siempre ha sido respetuoso de las instituciones, pero cuando se cometen arbitrariedades, lo menos que puede hacer es “sentar posición “.
“Estoy convencido, que algunos medios de comunicación, particularmente el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica y algunos medios digitales se han convertido en verdaderos aparatos para la cacería política de aquellos que sus propietarios o periodistas quieren destruir”, señaló.
Funes cuestionó que los grandes medios de prensa lo hayan citado en una información relacionada con la creación de dos empresas denominadas “off shore” en Panamá, por parte de Miguel Menéndez, en la cuál hacen énfasis en que el empresario forma parte del entorno del expresidente.
“Yo no soy socio de ninguna empresa con el amigo Miguel Menéndez, ni formé, ni he formado, ni formo en la actualidad parte del directorio de las sociedades creadas por él en Panamá”, dijo Funes tras criticar las publicaciones de El Faro, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.El ex-gobernante se preguntó porqué estos tres periódicos no han informado a sus lectores sobre la existencia de empresas “off shore” en Panamá creadas por dueños y accionistas de esos tres periódicos, además de la participación del actual diputado de ARENA, Ernesto Muyshondt en otra empresa similar.
El expresidente afirmó que se ha desatado una permanente agenda de ataques en su contra. Como ejemplo, Funes recordó que se divulgó una campaña en su contra en febrero del 2014, en vísperas de las elecciones presidenciales que ganó el FMLN. Dijo Funes que los grandes medios sirvieron de voceros de diputados de ARENA que lo acusaban de haber tenido un accidente en el redondel Masferrer en la madrugada del 18 de febrero a bordo de un vehículo de lujo, cuando en realidad él se encontraba en su residencia durmiendo.
A pesar de no existir ninguna prueba del supuesto hecho, ciertos medios publicaron con gran despliegue el presunto choque y ahora maliciosamente se le menciona en el Diario de Hoy en el caso de los Papeles de Panama.
Funes recordó que en esa ocasión llegaron al absurdo de afirmar que elementos de la seguridad presidencial habían retirado cámaras de vídeos de negocios cercanos al lugar donde, en efecto hubo un accidente esa noche, para borrar supuestas evidencias en su contra. Lo absurdo de dicha versión, según Funes, es que las cámaras de video no almacenan material filmado, sino que este es registrado por el disco duro de una computadora que estaría, en todo caso, adentro de los negocios, por lo que la acción supuestamente atribuida a elementos de seguridad del expresidente, de que se llevaron las cámaras de vídeo del exterior de los negocios, no tendría sentido.
Sigue ataque de magistrados
El exmandatario recalcó además su tesis de que hay una estrategia deliberada de grupo de poder que financian al partido ARENA, de utilizar el Órgano Judicial, por medio de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional, para atacar a diputados que han permitido la gobernabilidad en las administraciones del FMLN.
Tal estrategia, dijo el expresidente, pretende sacar del escenario político a diputados como los pecenistas Francisco Merino y Reynaldo Cardoza, así como a los legisladores de GANA, Guillermo Gallegos y Jesús Grande, mediante la apertura de juicios civiles que culminen con la inhabilitación de dichos dirigentes y parlamentarios.
Según Funes, el procedimiento utilizado por los magistrados que responden a estos poderes de facto, está claramente identificado, ya que mediante decisiones arbitrarias estos jueces han pedido a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que abra investigaciones patrimoniales de los bienes de exfuncionarios de su gobierno y de estos diputados que no se han querido alinear con la campaña de desestabilización en contra de los gobierno de izquierda.
“Si no lo logran (el poder) vía elecciones, pueden lograrlo vía inhabilitación a través de antejuicios abiertos por estos magistrados. Si son condenados vía Ley de Enriquecimiento Ilícito, quedarán inhabilitados para seguir fungiendo como diputados”, explicó Funes. “No cabe duda, advirtió el expresidente, que aquí hay un propósito de cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa”, vía golpe judicial, afirmó.
Las indagaciones contra él mismo y contra el expresidente Antonio Saca, han seguido, además de haberse iniciado la auditoría de los bienes que declaró cuando salió de la Vicepresidencia el actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, denunció el exjefe de Estado.
Todo sería tomado dentro de la normalidad si además de estas auditorías a dedo decididas por dos o tres magistrados de la Sala de lo Constitucional, dijo Funes, se hubiese iniciado la investigación patrimonial de ex-funcionarios de ARENA como la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, quien tuvo a su cargo el manejo de un fideicomiso de 38 millones en el cual se han percibido aparentes irregularidades, recordó.
“Deliberadamente el Órgano Judicial sigue sin abrir investigaciones contra exfuncionarios areneros. Al director de Probidad lo escuché decir que las auditorías se han originado por el clamor popular o denuncias de los Medios de Comunicación. Que yo sepa, ninguna auditoría se ha iniciado por una denuncia o por el clamor popular”, señaló Funes.
De acuerdo con el expresidente, “la mayoría de auditorías de las declaraciones de probidad han sido decididas por un par de magistrados, siguiendo lineamientos de la derecha”.
>Se pregunta el exgobernante “porqué Probidad no decide aun auditar a Ana Vilma de Escobar, quien ya es investigada por la Fiscalía General de la República por el caso FECEPE”.
Además, dijo Funes, el director de Probidad argumentó que las auditorías se abren a partir de denuncias recibidas, por lo que esto aplica en el caso de la actual diputada De Escobar, ya que durante su Gobierno se presentó una denuncia por las presuntas irregularidades ocurridas en el Fideicomiso FECEPE cuando fue administrado por ella.
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