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Alessia Genoves
Colaboradora
Carlos Mauricio Funes Cartagena fue condenado por el delito de “casos especiales de lavado de dinero y activos”, según lo sentenció el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador. La condena está vinculada a irregularidades en la construcción del Puente San Isidro sobre el río Lempa, un proyecto que, según la Fiscalía General de la República (FGR), implicó una defraudación al Estado salvadoreño por $8 millones 487 mil 716 dólares.
El Puente y la Corrupción
La FGR logró demostrar ante el tribunal que Funes favoreció a una empresa guatemalteca en la adjudicación del contrato para la construcción del Puente San Isidro. Como contraprestación por este favorecimiento, el exmandatario habría recibido una aeronave Beechcraft King Air con matrícula 90-TG ADL, valorada en $1,868,104, según se detalla en el expediente 260-2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de enero de 2022. Según consta en los expedientes judiciales, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, quien fungía como director del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) durante la administración Funes, actuó como intermediario en la entrega de la aeronave. El fiscal del caso declaró a la prensa: “Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo por favorecer a la empresa guatemalteca en la licitación del proyecto”, confirmando las acusaciones del Acta No. 80 de la sesión de Corte Plena de la CSJ, de septiembre de 2020.
Mecafé ya había sido condenado previamente a 8 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador por su participación en este mismo caso. En el caso de Funes, “el Tribunal falló una sentencia condenatoria en contra del mismo, aplicándosele ocho años de prisión. Y se le ordena una nueva captura a ésta persona, para efecto de que pueda ser trasladado a El Salvador, y que le dé el cumplimiento a ésta pena”, según detalló la FGR.
La FGR detalló que “la primera es la negociación ilícita que se dá con un empresario guatemalteco, el señor Juan Manuel Bolaños al señor José Miguel Antonio Menéndez Avelar, todo con el aval y el respaldo de Mauricio Funes Cartagena. Finalmente, se acuerda que se iba a adjudicar el primer proyecto, que es precisamente la construcción del Puente San Isidro”.
¿Funes y más casos de supuesta corrupción?
Además del caso del Puente San Isidro, Funes enfrenta otros procesos judiciales por presunta corrupción durante su presidencia (2009-2014):
1. Caso El Chaparral: Funes está implicado en la concesión irregular de la presa hidroeléctrica El Chaparral a la empresa italiana Astaldi S.A. Según los expedientes judiciales, esto habría resultado en un desvío de fondos públicos por $227,675,113.83 dólares. Aunque, la adjudicación del proyecto a Astaldi se hizo en el gobierno de Antonio Saca.
2. Caso Destape a la Corrupción: La FGR acusa a Funes de defraudar al Estado por $351,095,400.49. Esto incluye la sustracción de $689,351,693.20 de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial en gastos reservados, así como $292,218,371.38 del Banco Hipotecario. Según la acusación, Funes habría encabezado “varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente”.
3. Enriquecimiento ilícito: Funes enfrenta cargos por un patrimonio injustificado de $554,593.75. Según los expedientes, “$206,660.55 dólares, del total identificado, fueron registrados en sus partidas de gastos durante los años 2009-2014. Otros $312,486.75 dólares fueron cuantificados de su salario, representación y aguinaldo; y $16,700 dólares estuvieron asociados venta de vehículos. Además $225,767 dólares se habrían obtenido de créditos asociados con Agrosuministros S.A de C.V.”
4. Caso Tregua: En mayo de 2023, Funes fue sancionado con una pena de 14 años de prisión por el delito de “agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes”, en eventos que le involucran, junto con ex-funcionarios como el ex-ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, de intercambiar beneficios carcelarios a las pandillas, a cambio de la reducción en el número de homicidios en el país, perpetrados por éstas agrupaciones. Así lo estableció el Juzgado Especializado de Sentencia “C”, y cuyos acontecimiento se detallan en el expediente “145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC”
