Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@AlmaCoLatino
El expresidente de la República, Mauricio Funes, dijo durante su programa Sin censura, que se están dando irregularidades en la forma como se administra la justicia en el país, y sobre todo, con la manipulación de la información acerca de algunas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todo para dar la apariencia que se está combatiendo la impunidad desde las instituciones.
Mientras se esfuerzan por criminalizar la tregua haciéndola ver como una política de Gobierno diseñada expresamente para asociarse y favorecer a las pandillas, muy poco se habla de la responsabilidad del partido ARENA y su dirigencia, con el escandaloso caso de la estructura criminal descubierta en la alcaldía municipal de Apopa, dirigida por este partido político.
Se debe comprobar en un proceso judicial, y determinar si se cometieron algunas irregularidades o delitos en el contexto de la implementación y pacto entre pandillas conocida como tregua. Tendrá que demostrarlo la FGR a cada uno de los imputados que se ha incriminado, otra muy diferente es la estructura criminal y la asociación que se creó en Apopa para delinquir con abierto apoyo del gobierno municipal, incluyendo su actual alcalde.
“En el caso de la tregua la Fiscalía acusa a 21 personas entre ellos a exfuncionarios y oficiales de inteligencia de la policía Nacional Civil a quienes se acusa de una serie de delitos para los cuales hasta el momento no se han presentado ninguna prueba más que las incriminaciones que pudieran hacer testigos criteriados”, indicó Funes.
A la vez, sostuvo que esta investigación no es de ahora, inició en la administración anterior del ex fiscal Luis Martínez, en su oportunidad el expresidente fue citado a declarar, en calidad de testigo, nunca como imputado, en las más de 130 páginas que forman el requerimiento que la FGR presentó ante el tribunal especializado no hay un tan solo elemento incriminatorio para que la derecha insista en pedir que ruede la cabeza de nadie. Las incriminaciones estaban basadas en las declaraciones de testigos criteriados, eran una estructura de pandilla que había delinquido a quienes se les acusaba de haber atacado una delegación, fue esta estructura que empezó a lanzar acusaciones a diestra y siniestra contra algunos ex funcionarios del gabinete de Seguridad Pública del gobierno anterior, particularmente contra la Dirección de Centros Penales. Algunos que se muestran como especialistas dan opiniones en el sentido que nada de lo que se hizo o dejó de hacer durante los meses que duró la tregua entre pandillas, pudo haber ocurrido sin el conocimiento de las altas autoridades del Gobierno, haciendo alusión al titular de Seguridad Pública y a la presidencia de la República de entonces. “Es ridículo pensar que los objetos que se introducían en los centros penales necesitaban la autorización o complicidad del ministro de Seguridad o del propio presidente de la República. Que teníamos pleno conocimiento de lo que ingresaban a los penales, y si estos objetos eran ilícitos, permitidos o no por la ley”, enfatizó el exmandatario.
Asimismo, externó que si en algún momento ingresaron objetos ilícitos la FGR debe investigar en colaboración con las autoridades penitenciarias y deducir responsabilidades, pero no se puede incriminar a las autoridades en general, es una gran irresponsabilidad atribuir delitos por el simple hecho que se trata de una autoridad que debió haber tenido conocimiento o control de lo que pasaba en los penales, o porque un testigo criteriado lo señala como responsable del ingreso de ilícitos.
Sección de Probidad
Funes manifestó que la Sección de Probidad está actuando de manera arbitraria, violando la Constitución y la misma Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos.
La sección de Probidad tanto en la selección de los auditados o de los que enfrentaron una investigación patrimonial, no contó con criterios claramente establecidos y acordados por la Corte en pleno, es decir por los 15 magistrados de la CSJ, dos de 15 fueron los que decidieron arbitrariamente a quién auditar y a quien no, así como también fueron los que monitorearon el proceso de investigación. “Esto significa que las investigaciones desarrolladas hasta hoy, han violado el debido proceso y el derecho de audiencia, pues no se concedió la oportunidad o el tiempo necesario para presentar pruebas de descargo antes que se conociera el fallo de Corte Plena, y que esta decidiera por votación, enviar a un juicio civil a los primero cuatro casos que ya fuero auditados”, aseguró el ex presidente.
Esta irregularidad cometida por la sección de Probidad ha llevado a que un grupo de abogados presentaron una demanda por actos arbitrarios, hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado sobre esta denuncia, ni ha dicho si aceptará o no la demanda penal. Llama la atención que una lista de 61 investigados por Probidad no hay ningún alcalde de ARENA, y solo aparece algún exfuncionario del gobierno de este partido a quienes ya les prescribió el delito de enriquecimiento ilícito, puesto que ya transcurrieron 10 años desde que dejaron el cargo.
“La mayoría de los 61 auditados o son ex funcionarios de mi gobierno e incluso funcionarios del gobierno actual, o bien diputados o ex diputados de otros partidos políticos, particularmente de GANA y de Concertación Nacional, que curiosamente gran parte de estos diputados formaron parte de las dos comisiones especiales que se crearon en la Asamblea Legislativa para investigar la venta fraudulentas de acciones de la GEO a la transnacional ENEL, así como el desvío de fondos provenientes de la cooperación taiwanesa que se cometió durante el gobierno de Francisco Flores”, afirmó.
