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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Centro Judicial “Isidro Menéndez”, registró 15,856 audiencias entre iniciales, preliminares, especiales, vistas públicas, audiencias de libertad condicional, extinción de la pena, preparatorias, extinción de dominio e imposición de medidas, de enero al 15 de diciembre de 2018. Entre estas destacan las audiencias y condenas en contra del ex presidente Elías Antonio Saca y el ex fiscal de la República, Luis Martínez. Asimismo, la apertura de casos emblemáticos como el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y la Federación Nacional de Trabajadores Sindical de Trabajadores (FENASTRAS). Ante esto los 10 casos más emblemáticos conocidos por juzgados salvadoreños se encuentran:
Caso Saca
Por primera vez en la historia del país un expresidente fue condenado penalmente por corrupción a 10 años de prisión. La condena fue anunciada el 12 de septiembre, por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Junto al ex mandatario fueron condenados el ex secretario privado Elmer Charlaix a 10 años de prisión, el exsecretario de comunicaciones Julio Rank a cinco años, el exsecretario de la Juventud César Funes a cinco años, los exempleados Jorge Herrera a tres años y Francisco Rodríguez a seis años, todos ellos debido a un proceso abreviado, hecho que fue duramente criticada por la sociedad civil.
En el caso de Pablo Gómez, exempleado de Casa Presidencial, fue condenado a 16 años, siendo el único que enfrentó el proceso ordinario.
El tribunal también los condenó al pago de una responsabilidad civil de la siguientes manera: Saca debe pagar 260 millones de dólares al Estado, aunque la misma Fiscalía dice ignorar el paradero de los fondos. Charlaix, 15 millones de dólares; Rank, 8 millones 381 mil dólares, Funes, 886 mil 697 dólares; Arteaga, 7 millones; Herrera, 3 millones; y Gómez, 5 millones.
Caso Luis Martínez
El 5 de diciembre el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a cinco años de prisión y al pago de 125 mil dólares en concepto de responsabilidad civil el ex fiscal general Luis Antonio Martínez, convirtiéndose en el primer ex funcionario con ese cargo en ser condenado por el delito de Divulgación de Material Reservado en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez (padre Toño).
No obstante, este año se conoció que el ex fiscal Martínez deberá enfrentar otro juicio, ya que el 15 de noviembre pasado el Juzgado Octavo de Instrucción ordenó llevarlo a vista pública junto a Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña y Julio Adalberto Arriaza, por los delitos de fraude procesal, actos arbitrarios y omisión de investigación en perjuicio de una abogada. Además de enfrentar otros hechos por delitos de corrupción.
Saqueo Público
El Juzgado 5° de Paz de San Salvador mandó a instrucción con detención a 26 imputados por los delitos de peculado y lavado de dinero y activo relacionados con el denominado “Saqueo Público” durante la administración del ex presidente Mauricio Funes. Hecho suscitado el 11 de junio.
La Fiscalía acusa a los imputados por actos de corrupción ligados a Funes, quienes habrían desfalcado o hecho transferencias ilegales monetarias hasta por 351 millones de dólares.
En este caso se acusa al ex presidente Funes, al empresario Miguel Menéndez Avelar, y a familiares del exmandatario, entre otro procesado.
El expresidente Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua no solo ha rechazado los cargos, sino que ha refutado que la acusación haya sido sustentada en la declaración de un delincuente, en calidad de criteriado.
Caso Romero
El 23 de octubre el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador decretó la detención contra el imputado ausente Álvaro Rafael Saravia Merino y libró oficios al Director de la Policía Nacional Civil, al Departamento de Disposiciones Judicial y a la INTERPOL, El Salvador, a fin de que procedan a la búsqueda, ubicación y captura del imputado, acusado por el homicidio agravado en perjuicio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
El juez señaló que su juzgado continuara con la investigación conforme al Código Procesal Penal. Además el juez consideró que debe ser la Fiscalía la que realice una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas que puedan salir vinculadas en los hechos.
Caso Flores
En un hecho, que ha sido criticado por organizaciones sociales y civiles, el 30 de abril el Tribunal Quinto de Sentencia absolvió de responsabilidad a la familia del expresidente de la República Francisco Guillermo Flores Pérez, por falta de pruebas por parte del Ministerio Público, por el caso de la malversación de los $15 millones de dólares, donados por China (Taiwán).
El Tribunal argumentó que la FGR debió ofertar, para establecer responsabilidad civil, también prueba en común de la que había ofrecido para la responsabilidad penal por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Además, los documentos presentados por la FGR provenían de la Embajada de Taiwán, pero carecían de autenticidad, debido a que no fueron avalados por la Embajada de El Salvador, por lo que la prueba era ilegal.
FENASTRAS
El 9 de octubre el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo decretado el 20 de junio de 2011 y ordenó la reapertura del caso contra los posibles responsables de colocar una bomba en el local de la Federación Sindical de Trabajadores (FENASTRAS), ocurrida el 31 de octubre de 1989. En dicho hecho fallecieron nueve personas, entre ella la dirigente sindical Febe Elizabeth Velásquez, además hubo 40 lesionados y daños materiales.
Alcaldes ARENA
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, condenó a 12 años de prisión al ex alcalde de Apopa, José Elías Hernández, electo por el partido ARENA, acusado por agrupaciones ilícitas. El ex alcalde fue absuelto por el delito de homicidio debido a irregularidades e incoherencias en la declaración de los tres testigos criteriados que presentó la Fiscalía. La defensa de Hernández apeló el caso ante la Cámara Especializada que ha ordenado repetir el juicio.
Asimismo, el 13 de marzo el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador ordenó instrucción con detención contra el alcalde reelecto de San Antonio La Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, por tráfico ilegal de personas y posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico. Junto al alcalde fueron enviados a prisión otros siete imputados-
Mijango
Entre los casos relevantes de este año, el 12 de octubre el Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador condenó a 13 años y 4 meses de prisión el ex mediador de la tregua entre pandillas, el excomandante guerrillero Raúl Mijango, por el delito extorsión agravada, como cómplice necesario, contra una empresa arrocera. Junto a Mijango fueron condenados diez pandilleros que recibieron 20 años de cárcel.
