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@LauraCoLatino
Tras documentos entregados por el Organismo de Inteligencia del Estado al Presidente de la República, check los que hizo público el Presidente Mauricio Funes desde finales del año pasado, dio inicio a lo que sería el primer caso revelador de corrupción contra un ex mandatario salvadoreño. En este caso, el también presidente honorario de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Flores Pérez.
Precisamente, el Presidente Funes, en su programa radial, “Hablando con el Presidente”, arrojó al vacío la supuesta malversación de fondos donados por China-Taiwán durante la administración del expresidente Flores.
Flores sería el primer ex mandatario de derecha que sería investigado por una Comisión Especial creada por la Asamblea Legislativa, para conocer el paradero de aproximadamente $10 millones donados a El Salvador por Taiwán.
Según investigaciones, Flores habría enviado estos fondos a cuentas personales en otros países y , de hecho, los cheques entregados por el expresidente de Taiwán, habrían sido enviados al país a nombre del ex mandatario salvadoreño.
Mientras la Fiscalía salvadoreña hacía su parte, al recibir constantes peticiones del Presidente Funes para no dejar el caso sin justicia, el Gobierno salvadoreño llamó también a consultas a la embajadora de El Salvador en Taiwán, Marta Chang de Tsien.
El destino de las investigaciones también fueron dirigidas hacia la red bancaria en Costa Rica donde Flores habría depositado un porcentaje de los fondos.
El Congreso no anduvo con rodeos. El siete de enero de este año llamó a testificar a Flores ante la Comisión Especial que investiga los fondos recibidos en su gestión.
En dicha ocasión, Flores aceptó haber recibido fondos del Presidente de Taiwán de forma directa, incluso, antes de ser Presidente de la República.
Como quienes hubiesen acordado guardar el secreto hasta la tumba, ex funcionarios de Flores, citados también ante la Comisión Especial, dijeron desconocer de las donaciones personalizadas, entre estos: la ex canciller, María Eugenia Brizuela de Ávila y el ex vicepresidente de Flores, Carlos Quintanilla Schmith.
No obstante, el testimonio de Flores no quedó ahí. Entre múltiples justificaciones, reveló que, de hecho, los fondos habrían sido entregados a los Afectados de Las Colinas, Santa Tecla, por los desastres de los terremotos de 2001.
Las respuestas no se hicieron esperar, familiares de las víctimas del deslave de las Colinas, dejaron claro que los afectados del terremoto de 2001 no recibieron ayuda de los $10 millones donados por Taiwán y que son sujeto de investigación.
Según los afectados por el deslave, ellos habrían recibido un donativo de 2.5 millones de dólares, que fueron enviados por Taiwanesa, sin embargo, no la cantidad expresada por Flores.
Mientras tanto, diversos sectores sociales y políticos se pronunciaron en torno a las acusaciones contra el ex mandatario.
El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, aseguró ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que Flores habría actuado, evidentemente, fuera de la ley al recibir cheques a título personal, siendo funcionario.
En tanto, el presidente Funes solicitó esta vez a la Fiscalía General decretar medidas cautelares para el ex presidente.
Y como a quien le llueve sobre mojado, el ex presidente del Consejo Ejecutivo Nacionalista de ARENA, Antonio Salaverría, aunque ya fuera del partido tricolor, solicitó la expulsión de Francisco Flores.
En su programa radial, Funes revelaría también que Taiwán habría enviado información con “datos relevantes” sobre donaciones que entregó a Flores. Estas contradecían totalmente, a las declaraciones hechas por el ex presidente salvadoreño ante la Comisión investigadora.
Pero en medio de todo, Flores seguía siendo el artífice no sólo de una supuesta malversación de diez millones de dólares provenientes de Taiwán, sino de una campaña política de miedo y zozobra.
Y es que el ex mandatario fue anunciado como uno de los principales asesores de la campaña, junto al venezolano J.J Rendón, del candidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano.
Notablemente, ambos habían dado un giro a la campaña propagandística de ese partido derechista, para infundir miedo y zozobra en la población salvadoreña, ante los resultados de las encuestas que daban el gane al FMLN.
De lo Electoral
Según la encuesta CS- SONDEA, así como muchas otras difundidas en este periodo pre electoral, mantenían al FMLN a la cabeza en la intención de voto por partido. Casi siete puntos arriba de ARENA.
La Primera Dama de la República, Vanda Pignato, se unió también a los esfuerzos para llevar a su partido a un segundo Gobierno.
Pignato se sumó desde enero a la campaña electoral a favor de la fórmula del FMLN, luego de haber solicitado al Presidente Funes, la licencia para ausentarse temporalmente de su cargo, para dedicarse a las actividades partidarias.
En la otra esquina de la cancha, pero del mismo bando, Diputados de la Comisión que investigaban a Flores citaron por segunda ocasión al ex mandatario.
De hecho, los legisladores habrían lanzado un ultimátum al ex presidente para que se presentara a declarar urgentemente. Una orden que, evidentemente, fue acatada por todos, menos por Flores.
El ex presidente no se presentó ante la Comisión Especial excusando en un escrito que no asistiría puesto que ya había colaborado dos veces con los diputados de la Comisión. Motivo suficiente para su ausencia.
Ante esto, el Fiscal General, Luís Martínez, ordenó congelar las cuentas bancarias del ex presidente arenero.
El titular de la FGR indicó que la Unidad Financiera ordenaba la congelación de cuentas bancarias como una medida cautelar en el proceso de investigación contra Flores. Mientras tanto, el ex presidente comenzaba un periodo de “ausencia eterna”.
En otros temas, también trascendentales en el mes de enero, el Presidente Funes acusó a gobiernos de ARENA de permitir un contrato “oneroso y perjudicial” para el país, respecto al caso CEL-ENEL. De acuerdo al mandatario, el contrato habría dejado pérdidas de más de $200 millones de dólares al país.
Por otra parte, la judicialización contra los implicados en el caso Cel Enel continuaba sin mayores contratiempos. Los nueve acusados de peculado en el caso se presentaron ante el Tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador, para firmar ante el mismo, como lo ordenó la resolución girada en la fase inicial.
Entre vaivenes acusatorios, el partido ARENA también sacó su haz bajo la manga y aprovechó la partida para acusar al Gobierno salvadoreño de mantener un supuesto pacto con miembros de pandillas.
El Presidente Funes rechazó inmediatamente la legalidad de los documentos presentados por dos diputados de ARENA. “Ambos documentos son montados, son falsos, no existe ninguna carta, ni memorándum”, habría afirmado, en su momento, el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, a la FGR le bastó para iniciar una investigación hacia fiscales, personal y diputados de ARENA por la divulgación de audios sobre entrevistas con ex funcionarios y miembros de la tregua entre pandillas.
En este hecho, se capturó a un asesor jurídico por filtrar audios de la investigación sobre la tregua. El supuesto culpable era Enrique Alberto Calles Rivas, empleado de la FGR.
Erupción del Chaparrastique
Entre tanto, más de 400 habitantes seguían albergados en refugios instalados en las zonas aledañas al Volcán Chaparrastique, tras su erupción a finales de diciembre de 2013.
Como respuesta a la emergencia, el Ministerio de Medio Ambiente colocó en San Jorge un centro de monitoreo del volcán Chaparrastique.
Fiesta Electoral
Todo esto, sin apartar la mirada de la gran fiesta electoral para elegir el destino del próximo quinquenio. Mientras la espera continuaba, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores organizó y ejecutó el primer debate presidencial 2014.
El único que reunió a los cinco candidatos al Ejecutivo, quienes ofrecieron sus mejores propuestas al publico elector.
La captura injusta
Entre tanto afán, la injusticia en algunos Medios de Comunicación no se hizo esperar. La Policía Nacional Civil habría capturado “por error” al director de Diario Co Latino, Francisco Valencia.
Según, la justificación policial, la captura de Valencia respondió a una orden judicial de captura, que por error estaba activa desde 1997, cuando el comisionado Garciaguirre demandó a Valencia por el delito de difamación. El director ya había sido capturado y absuelto del delito en aquella oportunidad.
Al caso del director del diario vespertino, también se sumaron algunas denuncias por supuestas amenazas hacia algunos periodistas de diarios digitales. Los hechos habrían sido relacionados al contexto político electoral.
