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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador envió a juicio por lavado de dinero a la exprimera dama de la República Ana Ligia de Saca, así como a Cesar Funes Cruz y a Ricardo Lemus Zelaya, en el desarrollo del proceso judicial del caso Destape a la Corrupción II. Los tres fueron exonerados del delito de agrupaciones ilícitas.
La instancia judicial también exoneró definitivamente a diez acusados de los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Ana Ligia de Saca, Cesar Funes Cruz y Ricardo Lemus Zelaya también fueron exonerados de cargos por agrupaciones ilícitas.
La representante de la Fiscalía General de la República dijo que estudiarán la resolución por escrito para considerar interponer un recurso pertinente, y aclaró que la misma fiscalía solicitó sobreseer a la totalidad de los acusados por el delito de agrupaciones ilícitas.
Oscar Edgardo Mixco Sol, José Antonio Lemus Zaldívar, José Antonio Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán Roberto Zamora Bolaños, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Rubén Ernesto Castro Castillo, Ángel José Montoya González y Oswaldo Octavio Orantes Marenco fueron los sobreseídos de toda culpabilidad en los ilícitos.
El abogado defensor de la exprimera dama de la República, Miguel Flores Durel explicó, que el tribunal envió a juicio a los acusados de lavado de dinero sin detallar por cual hecho en particular continuarían el proceso. “El tribunal envió a juicio por algún evento de lavado, digo algún evento, porque no se especificó cuál de los seis eventos de lavado de dinero era”, manifestó.
El jurista indicó que no descartarán ninguna acción sin antes leer la resolución por escrito. Los enviados a juicio seguirán el proceso bajo medidas sustitutivas a la detención.
Ana Ligia de Saca es procesada por el delito de lavado de dinero por un monto 17,3 millones de dólares, y enfrentará un juicio ordinario después de que el pasado mes de mayo la FGR rompiera el acuerdo de realizar un juicio abreviado a cambio de la devolución de los 17 millones de dólares utilizados de forma ilícita.
Saca se negó a cumplir las condiciones del pacto bajo el argumento de que ella no poseía dicha cantidad a reintegrar puesto que sus bienes se encontraban intervenidos.
