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Por Laurence Boutreux
San Fernando de Henares/AFP
Antiguos altos cargos y tesoreros del conservador Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se sentaron este martes ante el tribunal como acusados en un proceso de corrupción que muchos ven como «el juicio del año» en España.
«¡Ladrones!, ¡chorizos!» gritaban los manifestantes congregados ante la Audiencia Nacional cuando llegaban los 37 presuntos implicados en esta red de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos entre 1999 y 2005.
Los ingredientes del «caso Gürtel» son de sobra conocidos por los españoles: «sobornos», «falsas facturas», «caja negra», «cuentas en Suiza»… También, a su manera, muchos de los juzgados, entre ellos dos antiguos tesoreros del Partido Popular.
La formación presidida desde 2004 por Rajoy no está encausada por haber cometido delitos (la financiación ilegal de partidos se incluyó como delito en 2015), sino por su presunta responsabilidad civil al lucrar con los fondos obtenidos ilegalmente por sus alcaldes.
En la entrada del tribunal, quien despertaba más atención era Luis Bárcenas, tesorero del PP desde 1988 hasta su dimisión en 2009, acusado entre otros de haber escondido decenas de millones de euros en el extranjero.
Bárcenas puso en jaque a Rajoy en 2013 tras filtrarse a la prensa unos documentos suyos que presuntamente demostraban el pago de sobresueldos en negro a los dirigentes del partido –entre ellos el mismo jefe de gobierno–, hechos investigados en otra causa.
Sobornos para conseguir adjudicaciones
El principal acusado de la trama, el empresario Francisco Correa, que se hacía llamar «don Vito», como el mafioso siciliano de la novela y película «El padrino», anunció antes del proceso que lo contaría «todo».
Con un boyante estilo de vida, era próximo al ex jefe de gobierno conservador (1996-2004) José María Aznar e incluso fue testigo en la boda de su hija, en 2002.
Se le acusa de sobornar a ediles del PP entre 1999 y 2005 para hacerse con la adjudicación de obras púbicas y la organización de grandes eventos, como la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a precios «muy superiores» a los del mercado.
En 2015, en una confesión publicada por el periódico eldiario.es, Correa explicó el funcionamiento: los empresarios le pagaban comisiones del 2 o el 3% del monto total de la adjudicación y él, tras quedarse con su parte, las entregaba «en efectivo» a Bárcenas.
La red operaba en las regiones de Valencia, Castilla y León, Madrid y la turística localidad andaluza de Estepona.
En camisa verde de manga corta, apareció otro de los protagonistas: el ex edil del pueblo madrileño de Majadahonda, José Luis Peñas. Durante dos años registró conversaciones en secreto con Correa y otros acusados.
Esta revelación, clave para destapar la trama en 2009, le servirá como atenuante, aunque podría ser condenado a más de seis años de prisión.
Parálisis política
La exministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato, dimitida en 2014 por el escándalo, también será juzgada como «partícipe a título lucrativo» por los delitos cometidos por su exmarido, Jesús Sepúlveda.
Su ex esposo se enfrenta a cargos de desvío de fondos públicos y tráfico de influencias como alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La trama habría obsequiado a la familia con un Jaguar, viajes a Eurodisney o fiestas de cumpleaños según la prensa.
Y mientras, en una sala contigua ocupada por otro juicio, declaraba el martes otro antiguo pilar del PP: Rodrigo Rato, exministro de Economía de Aznar entre 1996 y 2004 y después director gerente del Fondo Monetario Internacional hasa 2007.
Como presidente de Caja Madrid y Bankia, nacida de la fusión con otras seis entidades bancarias y rescatada por el Estado en 2012, comparece junto a otros 64 dirigentes y miembros del consejo de administración acusados de cargar todo tipo de gastos personales a unas tarjetas bancarias «opacas», sin justificarlos ni declararlos.
Rato aseguró a los jueces que «eran gastos legales y deducibles».
Esta acumulación de escándalos son uno de los obstáculos de Rajoy para encontrar aliados de gobierno tras haber perdido la mayoría absoluta en diciembre de 2015.
Desde entonces, el país no dispone de ejecutivo electo aunque Rajoy espera aprovechar la profunda división del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para formar un gobierno en minoría.
