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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El abogado y excoordinador del FMLN, view Fabio Castillo, rx aseguró anoche que cuando un juez dicta una sentencia hay que acatarla igualmente como se hace en las resoluciones que declara la Sala de lo Constitucional, por lo que mal haría el presidente de la República en no decir que respetará el dictamen en el caso CEL/Enel.
Sin embargo, Castillo consideró y recomendó a todos los abogados que están en desacuerdo con el fallo, que interpongan un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional para que sean ellos quienes tomen la última decisión y que todos respeten lo que estos magistrados decidan.
“Si apelan yo voy a proponer una solución: Ya que todos estamos dispuestos a respetar lo que la Sala de lo Constitucional diga, que interpongan los protopróceres jurídicos un recurso de hábeas corpus y entonces que la Sala decida lo que sucede con la libertad de estas ocho personas y respetémoslo todos sin discusión alguna”, recomendó Castillo.
Durante una entrevista en el programa de televisión “Ocho en Punto”, el reconocido constitucionalista dijo estar extrañado que el grupo de juristas que están criticando la decisión del presidente Salvador Sánchez Cerén de respetar el fallo, no se les haya ocurrido utilizar el recurso del hábeas corpus desde un principio.
Asimismo, el excoordinador del FMLN descartó totalmente que el caso se haya convertido en persecusión política como algunos sectores lo habían dicho, así como los defensores y los imputados . “Es un absurdo. Primero, (por) que el presidente se preocupó por solucionar civilizadamente el problema;
hace declaraciones donde se compromete que de parte de él no habrá ningún obstáculo para que se cumpla el acuerdo que tomó con Green Power(Enel)”, argumentó.
El jurista evitó opinar sobre los motivos que llevaron al expresidente Mauricio Funes a tomar la decisión de judicializar el caso CEL/Enel y aseguró que en estos momentos no tiene sentido entrar en el análisis de si el exjefe de Estado fue un persecutor político. “No me atrevo a entrar a eso y no creo que tenga a estas alturas alguna importancia”, esgrimió.
Por otro lado, Castillo pidió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sean lo suficientemente claros en sus resoluciones para que no haya necesidad de que se les esté pidiendo explicaciones sobre qué deben hacer las partes afectadas.
“Son profesionales, juristas reconocidos que conocen perfectamente el castellano y no debería de haber necesidad de estar pidiendo aclaraciones sobre sus resoluciones; estas deben de ser tan claras que hasta las personas que no son expertas en el tema puedan entenderlas”, sugirió Castillo.
A finales de junio pasado, y ante las acusaciones hechas por el Gobierno de que la Sala de lo Constitucional había frenado la negociación de $900 millones en bonos, lo cual afectaba la obtención de fondos para seguridad pública, entre otros, los magistrados aclararon mediante un comunicado que al aceptar un recurso de amparo contra la emisión de bonos, no estaban inhabilitando al ejecutivo para negociar ese dinero.
Aseguraron que la demanda había sido admitida para estudiar jurídicamente el proceso mediante el cual la Asamblea Legislativa había autorizado la negociación de los $900 millones de deuda.
En el escrito afirmaron que no estaban analizando si era conveniente que el Estado adquiera esa deuda, o el destino que se le daría a ese dinero.
Sin embargo, esa aclaración de la Sala de lo Constitucional llegó 15 días después de que los medios de comunicación divulgaran reiteradamente lo que los magistrados planteaba en el documento donde aceptaban el ampara contra el proceso de autorización de los bonos:
Esa resolución decía: “Se prohíbe al ministro de Hacienda y al Banco Cetral de Reserva realizar toda operación relacionada directa o indirectamente con la emisión y colocación de títulos valores de crédito a que se refiere el decreto impugnado en el mercado nacional o internacional”.
Hasta antes de la aclaración del 24 de junio, los magistrados nunca pidieron a los medios de comunicación aclarar que no había ninguna prohibición a la negociación de los $900 millones, como se había divulgado en la prensa. Las partes afectadas han tenido siempre dudas sobre lo resuelto por inconsistencias.
“Yo les insto, a que se preocupen de que las sentencias sean tan claras que aún el ciudadano común y corriente comprendan los alcancen de las sentencias”, recalcó Castillo.
El abogado consideró normales las críticas que en su momento hiciera El presidente Sánchez Cerén algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional como la de prohibir hacer uso de los $900 millones, porque en ellas no está incitando a desobedecer dichas sentencias, sino, que está plateando solamente su desacuerdo, lo que es congruente con la libertad de pensamiento.
Según Castillo, cualquier ciudadano puede hacer uso de su libre expresión para dar una opinión de algún tema, en consecuencia no puede ser que se respeten la diversidad de opiniones menos la de un presidente, el cual también tiene derecho a hacer uso de su libre pensamiento con relación a una decisión tomada.
No obstante, el abogado recomendó a Sánchez Cerén solo acatar sin emitir opinión ante las resoluciones y que tenga paciencia ya que pronto habrá una Sala de lo Constitucional con otros criterios. “Me llama la atención que los grandes periódicos hayan criticado al presidente por expresar su libre pensamiento, o sea, que en este país vamos a proteger la libertad de expresión de otros menos la de él”, cuestionó.
El entrevistado le preguntó a Castillo si comparte la opinión de que las críticas contra los cuatro magistrados les generen a estos tanta simpatía entre la población que se vuelvan presidenciables.
El abogado cree que puede suceder que de pronto cualquiera de ellos pueda convertirse en candidato a la presidencia de la república, pero dijo que “no votaría por ninguno” de estos. El presentador le preguntó ¿porqué? y él contestó: “No quisiera tener un presidente de la República que interprete la Constitución como a él le gustaría que fuera”.
