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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El abogado constitucionalista Fabio Castillo sugirió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), ask pilule Mauricio Ramírez Landaverde, viagra que consulte con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), seek sobre el procedimiento a seguir en el caso de los militares reclamados por la justicia española acusados por la muerte de los sacerdotes jesuitas.
El juez español, Eloy Velasco, ha girado la orden de captura y extradición, la cual ha sido notificada por la Policía Internacional (Interpol) a la PNC, que a la fecha no ha procedido con las detenciones.
«Yo, si me pidiera consejo el comisionado Ramírez Landaverde, que es un hombre vertical, íntegro, correcto, inteligente y responsable, le diría: comisionado, ante esa zumba barumba de las resoluciones de la Corte, que el propio magistrado Rodolfo González ha dicho que esto es una maraña, yo le sugeriría que envíe una nota a la Corte pidiéndole que le diga cuál es la resolución aplicable en este caso», manifestó Castillo anoche durante el programa Ocho en Punto de canal 33.
Castillo le sugirió al jefe policial que proceda con base a lo que le responda la Corte.
«Si la Corte dice no capture, no capture; si la Corte le dice capture, entonces capture y de una sola vez me pone a la orden del juez de paz correspondiente al o a los reos que capture», añadió el abogado. Castillo manifestó que la misma Corte Suprema de Justicia ha complicado el proceso de extradición de los militares acusados del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, el 16 de noviembre de 1989, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Por ese hecho fueron procesados y condenados un grupo de soldados integrantes del desaparecido batallón de reacción inmediata Atlacatl, dos tenientes y el entonces director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Alfredo Benavides, de donde salió el contingente militar para realizar el múltiple crimen.
Sin embargo, la justicia española acusa a los integrantes del alto mando de la Fuerza Armada de ese entonces de haber participado en la planificación de los asesinatos ocurridos en el marco de la ofensiva guerrillera lanzada por el FMLN en 1989.
Castillo dijo que en el país nunca se juzgó sobre la inocencia o culpabilidad de los jefes militares acusados por España y que solo se resolvió sobre la extradición o no de los acusados. El excoordinador del FMLN señaló que España está solicitando por segunda vez la extradición del grupo de militares, que es un criterio aplicado por los Estados Unidos, el cual consideró que no es lo correcto.
«Yo personalmente creo que las extradiciones por una causa específica solo puede pedirse una vez, si se pidió mal ya no se puede pedir de nuevo, solo que aquí no es el caso de que se pidió mal, sino que la Corte encontró un subterfugio para no proceder a la extradición», señaló Castillo.
Corte también viola Constitución en tema de probidad
Castillo, también concejal de la Alcaldía de San Salvador, se refirió a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la nueva Ley de Probidad aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa y señaló que el artículo 240 de la Constitución ya establece la norma constitucional.
La Sala aceptó el lunes la petición de un grupo de organizaciones de derecha que han pedido declarar inconstitucional la parte de la ley de probidad que otorga a la Sala de lo Civil el aval para investigar presuntos casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y ex funcionarios, ya que la Constitución habla de que esa potestad le corresponde a la Corte en su totalidad.
Sin embargo, Castillo dejó entrever que, al igual que la nueva ley de probidad aprobada por la Asamblea Legislativa está violando el artículo 240 de la Constitución, también lo estarían violentando los mismos magistrados de la Corte. Los magistrados suspendieron la vigencia de la ley, aprobada en diciembre y sancionada por el presidente Salvador Sánchez Cerén antes de fin de año.
«Como aquí nos encontramos también con que la Corte cojea de uno u otro pie, el artículo 240 dice que las declaraciones de probidad están bajo reserva, yo no sé que es lo que entiende ahora la Corte y la Sala (de lo Constitucional) por reserva, porque han ordenado hacer públicas todas las declaraciones de probidad, entonces, también la Corte si quiere que esto se dé, que inicie una campaña haciendo ver que las declaraciones van a ser del dominio público, no se pueden publicar en tanto no se reforme la Constitución».
El artículo 240 de la Constitución establece que “la Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo”. El expresidente de la República, Mauricio Funes, ha acusado a magistrados de la Sala de lo Constitucional de estar utilizando a la sección de Probidad de la CSJ como un instrumento de persecución y venganza política, y de seleccionar de manera arbitraria declaraciones de probidad de exfuncionarios que han divulgado hechos de corrupción de funcionarios de lo gobiernos de ARENA.
Para el FMLN, con la suspensión de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Probidad, la Sala de lo Constitucional está bloqueando que se indague a funcionarios de gobiernos de ARENA, ya que la normativa vetada es retroactiva y permitía investigarlos, y que al mantener vigente la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que data de los años 50, esta se presta a manoseos.
