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Salvador Ventura
La justicia es un fin perseguido por la humanidad y en todas partes. Lo es también el derecho a la información. Sobre ambos aspectos hemos avanzado mucho a partir de la firma del Acuerdo de Paz. El FMLN ha sido un protagonista de primera fila desde las instancias de poder político y social que le han permitido las leyes y reglas de la sociedad.
Su grupo parlamentario ha promovido importantes leyes como la de Acceso a la Información Pública, see Especial de Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, pharm sólo para citar dos relacionadas con el ejercicio periodístico y el respeto irrestricto a la libertad de expresión para todos los ciudadanos.
El Diario de Hoy ha sido el más favorecido con la aprobación de estas normativas a pesar de mantener una línea informativa y editorial nada apegada a la ética profesional, pues es una constante la distorsión y la manipulación de las noticias no sólo para atacar las obras gubernamentales, sino para plegarse y favorecer a determinado partido político.
Las mismas leyes del país y el respeto irrestricto a la libertad de expresión promovida por el actual gobierno, le permite a cualquier medio de difusión tener acceso a todos los ministerios e instituciones autónomas para obtener información y publicarla, siempre y cuando no se atente o se vulnere principios constitucionales y la integridad de las personas.
Un ejemplo claro de ese derecho lo constamos en la noticia publicada el miércoles 16 de abril del año en curso, cuando en su portada y en información desplegada en las páginas 2 y 3 se refiere ampliamente a “los gastos aprobados por la Junta Directiva del Congreso” para la adquisición de hoteles para hospedaje y servicio de alimentación.
Es “un servicio informativo” proporcionado por El Diario de Hoy a sus lectores todos los años, destaca “gastos excesivos” y se refiere a “platillos exquisitos para que los legisladores desempeñen su trabajo”. En el fondo existe manipulación para generar rechazo de la población hacia los diputados.
No existe duda alguna a este respecto, pues en otro de los “párrafos ilustrativos” se detalla que “estos servicios se pagarán con fondos del gobierno de la república, es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos”.
Y para abundar en ese ejercicio de enfrentar a la población contra los legisladores “se esfuerza” en señalar que en el servicio de alimentación “piden en primer lugar, un chef calificado, y el menú según la instalación, la cantidad de personas a atender o si se trata de alojamiento…”
Y para cargar los dados de su “bien documentada investigación” acude a la manipulación y al sesgo político e ideológico al publicar fotografías donde aparecen dos diputados del FMLN tomando “boquitas” para su particular saboreo.
En sociedades modernas como la nuestra, existen muchos factores que están minando el derecho de las personas a informarse correctamente, entre ellos podemos destacar la distorsión y la manipulación de las noticias, la falsa información por omisión, la noticia tendenciosa y las relaciones entre el derecho y la moral.
La insistencia en el sensacionalismo y la pauta publicitaria también afectan el derecho de las personas a estar correctamente informadas, pues casi siempre se impone el factor económico a la veracidad y al equilibrio en las noticias, lo mismo ocurre cuando se “privilegia” el amarillismo supuestamente para captar más lectores.
El Diario de Hoy no miente al publicar las bases de licitación aprobadas por la Junta Directiva de la Asamblea, pues además son públicas y se pueden encontrar en la página oficial de compras del gobierno, lo reprochable es la forma y el contexto utilizado para “presentar las pruebas” de “despilfarro” y “utilización de impuestos de los ciudadanos”.
Los editores de El Diario de Hoy saben perfectamente que no debe confundirse el hecho y el comentario, deben aislarse por sanidad editorial y para evitar manipular la psiquis del lector. El periodista debe tener conciencia de su responsabilidad; pero en el caso aludido se hace con fines perversos, como ya lo hemos apuntado.
No estamos defendiendo a los diputados, ellos tienen sus propios medios para razonar sus acuerdos; pero es necesario decir que en todas partes del mundo un Órgano del Estado como la Asamblea Legislativa o Congreso tiene el derecho a organizar congresos, convenciones y muchas otras actividades. Para ello necesita recursos, locaciones, alimentos y medios de transporte.
La Corte Suprema de Justicia también dispone de sus propios recursos para organizar y recibir delegaciones de juristas tanto del país como del extranjero, deben hospedarlos en hoteles, proporcionarles pasajes aéreos, una estadía confortable, alimentación, transporte y más.
Lo que debe exigirse es transparencia en el manejo de fondos, al final será la Corte de Cuentas de la República la que con base en arqueos y auditorías determine la correcta utilización de los dineros y entonces corresponderá a la prensa informar de los resultados de los mismos. Proceder con sesgo político es faltar a los más elementales principios de la ética profesional.
