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César Ramírez
@caralvasalvador
El ingreso económico de un pensionista no debe ser menor de $300 o $400 pero la realidad es otra, se propone $207.60; esta última cifra cambiará según índice de precio al consumidor y disponibilidad del gobierno, esa cantidad creará en el tiempo que muchas personas pidan ayuda económica o construyan trabajos informales convirtiendo ese modelo en una fábrica de indigentes. Según medios de prensa DEM-SV 22JUN016 Digestyc, la canasta básica es superior a los $200, restan $7.60 para transporte, servicios, comunicaciones etc. como si fuera poco agreguemos otro factor: la edad de jubilación ¿Por qué muchas naciones aumentan la edad laboral y en nuestra nación se evade?, en artículos anteriores expresamos que una edad es la legal y otra la efectiva, por esa razón muchas personas a pesar de estar jubiladas siguen laborando, simplemente la pensión no alcanza.
Otro elemento que debe preverse es el valor de la pensión, el cual será menor que el salario mensual, condición que minimiza cualquier proyección de los jubilados y sus familias, en caso de un impago el Estado se verá obligado a responder cualquier contingencia, por esta razón se debe permitir la recaudación fiscal para los capitales y bienes raíces a las personas que no pagan impuestos por sus acumulaciones capitalistas extraordinarias.
Existen elementos poco mencionados, las pensiones necesitan de la solidaridad intergeneracional y disminuir la ganancia de los administradores de las AFP, de esa forma el panorama conforma un complejo de voluntades en las sociedades salvadoreñas, puesto que el relevo generacional no debe olvidar a las personas que han cumplido con su tiempo laboral. Como si fuera poco el sistema de reparto promovió durante años la desigualdad de pensiones privilegiando a un pequeño grupo a costa del subsidio de todas las generaciones jóvenes.
El tema de pensiones solo es preocupación en el momento de llegar a una edad legal, antes de ello el problema es la inestabilidad laboral donde el mercado requiere jóvenes entre 25 y 35 años con experiencia, sin que la empresa garantice un contrato privado por veinte o veinticinco años continuos de permanencia, si una persona deja de laborar después de 15 años y no ha cumplido la edad deja de cotizar, tampoco no puede acceder a sus ahorros. En este nivel el concepto de “contrato por servicios profesionales” hace constar que el contratado no goza de seguro social, ni AFP, ni bonos o sobresueldos, tampoco genera antigüedad, entonces el propio modelo genera vicios que solo acumulan masas de personas desprotegidas.
Otra variante de esta precariedad de cobertura es el trabajo informal, al no integrarse económicamente no puede optar por jubilarse o beneficiarse del seguro social, así mientras crece el número de pobres paralelamente crece el sector informal que demanda espacios, servicios, protección etc., pero están fuera del sistema de pensiones.
Las propuestas de pensiones deben contemplar los criterios antes mencionados, donde el ahorro individual debe ser en beneficio de los trabajadores no de los administradores, puesto que las ganancias de estos últimos son exageradas en comparación con los trabajadores. Si la solución es política, es menester hacer el bien a favor de los trabajadores.
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