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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el Informe “¿Cómo avanzan las causas estructurales que provocan la migración?”, el Centro para la Defensa del Consumidor revela los principales indicadores socio económicos y ambientales, los que están vinculados a las migraciones mixtas en El Salvador.
El equipo investigador integrado por el coordinador del estudio, Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, Edgar Alfonso Montoya, consultor, y Flor Castañeda, del Área de Investigación del CDC, acotan que con este conjunto de indicadores se visibilizan las condiciones de vida de la población salvadoreña en la actualidad.
El estudio relata que ”son los factores económicos y sociales los que motivan la migración, como la falta de empleo, salarios precarios, como el registro de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2019-2022), en el cual el 45% de la población ocupada urbana estaba en el “sector informal”, es decir, sin cobertura del sistema de seguridad social.
“Muchas familias enfrentan situaciones de pobreza, esta ha crecido en los últimos 4 años (2019-2022), afectando un 26.6% (2022) de los hogares y un aumento del 3.9% entre estos años. La pobreza extrema aumentó de 4.3% (2019) a 8.6% el año pasado”, indicaron.
Y en el área rural, la situación es mucho más severa, según el estudio el 29.6% de los hogares están en situación de pobreza y el 10.8% en situación pobreza extrema. En donde la cantidad de hogares en pobreza llega a los 529 mil 948, que consideran la tasa más alta desde 2017 (tasa de pobreza 26.7%).
En el “marco de las desigualdades”, el informe destaca que el 27.5%, en promedio en estos últimos años, las familias “enfrentan carencias o limitaciones en distintas dimensiones de sus vidas”, como educación, condiciones de vivienda, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad de hábitat, entre otros.
Una de las dimensiones principales de la pobreza multidimensional es la educación, de la que señalan “a menor formación, menos oportunidades laborales”, sumado a una disminución de la matrícula escolar de estudiantes en el 2021 (18.7%) para el sector privado y sector público (8.28%), que afirmaron es el impacto de la crisis generada por la pandemia COVID-19).
Este problema trae consigo la “deserción escolar” que vulnera los derechos de la niñez y adolescencia a la educación. Y la marcada desigualdad del promedio de escolaridad que en términos geográficos, el nivel de formación es hasta 5,3 grados y en el ámbito urbano es de 8,2 grados de formación escolar. Y en el analfabetismo la desigualdad promedio en el quinquenio (2018-2022) se mantiene en 15.4% (rural) y 6.5% (urbano) y el grupo poblacional más afectado son mujeres (11.5%) y hombres (7.98%).
En cuanto a las condiciones de vida como el acceso al servicio de energía eléctrica, al agua y su saneamiento, así como los costos económicos de estos servicios básicos, la desigualdad es evidente a partir de incrementos en las tarifas que contrastan con el consumo de grandes consumidores o el acceso a un ambiente saludable.
“Hay 1 millón 690 mil 79 personas en condición de pobreza (2022), que refleja un incremento de 155 mil 284 pobres (10.12%) respecto al año 2019. En cuanto a la pobreza extrema (2022-2019) fue de 79 mil 351 que representan un incremento del 120.24%. Y la pobreza extrema por hogares aumentó en 4.3%”, indicaron.
“En cambio, la riqueza se concentra en el 1% de la población. Es decir, 100 personas acumulaban (2019) un total de 8.9 mil millones. Y sólo una de ellas poseía 5.3 mil millones (datos del 2021 de OXFAMy FUDECEN)”, señalaron.
Sobre la seguridad alimentaria, el informe concluye que existe un incremento del 4.3% de inseguridad alimentaria en el país, que se agudiza por la baja dinámica del sector agrícola derivado del alto costo de los insumos y la dependencia de la importación de alimentos.
Y que junto al cambio climático que ha afectado a nivel nacional con un 4% por “sequía severa” a 25 municipios. Y un 62.4% por “sequía alta”, que afecta a 153 municipios, constituye un panorama desafiante sobre las condiciones de la seguridad alimentaria de la población salvadoreña.
“Se calcula que para el 2023, al menos 1.1 millones de personas tendrán necesidades humanitarias, cifra que representa un 16% del total de la población que es de 6.6 millones (tomado OCAH 2023)”, afirmaron.
“La alta prevalencia de inseguridad alimentaria encontrada entre las familias con integrantes que han emigrado, sugiere que la inseguridad alimentaria es causa como consecuencia de la emigración”, reiteraron.
Al hablar de la seguridad ciudadana, el estudio resaltó que la violencia sexual y de género han sido los factores estructurales de la movilidad humana dentro del país y a través de las fronteras nacionales. Y sólo en el primer trimestre del 2022, hubo registro de 3 mil 299 casos de violencia sexual, en donde el 98% son mujeres jóvenes en el rango de los 18 a 30 y los 31 a 40 años.
“En el año 2021 se registraron 98 casos de feminicidio, comparado con 2019. Las principales víctimas son mujeres jóvenes. Y el 67% de los crímenes se concentraron en cinco departamentos: San Salvador, La Libertad, San Miguel, Sonsonate y Santa Ana (Observatorio de Violencia contra las Mujeres 2021)”, agregaron.
Sobre este informe, el CDC realizó una serie de recomendaciones, encaminadas en formar “políticas económicas sociales”, que darán respuestas a los factores de la migración y, por tanto, deben ser atendidas desde un diseño y ejecución por parte del gobierno nacional. Como la educación pieza fundamental en un “plan antipobreza”al enfrentar los bajos niveles de escolaridad, la baja tasa de matrícula, la deserción escolar, que deben ser atendidas de manera integral. Así como, la infraestructura de centros escolares mediante una inversión presupuestaria importante.
“Son planes, programas y proyectos, los cuales deben transformar otro de los problemas más fuertes como el desempleo, la subocupación, el empleo informal y la falta de oportunidades laborales y proveer empleos decentes y dignos”, indicaron.
“Mientras, las políticas hacia la población migrante corresponde al gobierno salvadoreño, establecer una política migratoria que atienda todos los ángulos de la problemática, para que estos puedan llegar a los países de destino con seguridad o atender de manera integral a la población retornada”, puntualizan.
