Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
Los diputados del FMLN, Yanci Urbina y Schafik Hándal manifestaron que el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la reasignación de fondos provenientes del decreto 640 es por el procedimiento que utilizaron y no es una cuestión de fondo que les impida hacerlo.
“El fallo de la Sala de lo Constitucional también confirma las facultades que tiene la Asamblea Legislativa de asignar esos recursos”, afirmó Urbina.
Pero el veredicto de la Sala también dejó claro al Gobierno, dijo Urbina, que no puede tomar decisiones de reasignaciones presupuestarias sin que estas sean avaladas por la Asamblea Legislativa. “Señala por ejemplo que el Ejecutivo no puede disponer de esos recursos sin haber hecho el proceso de incorporación presupuestaria la Asamblea Legislativa, invalidando el argumento del Ejecutivo en el sentido de decir que ya había dispuesto de estos fondos”.
Esto implicaría que si el gobierno afirma que ya reasignó los recursos del decreto 640, estaría cometiendo una violación de ley. “(El veredicto) desestima el argumento del Ejecutivo en el sentido de que esos fondos ya los había asignado. En la misma sentencia le dice que no tiene facultades para asignarlos porque eso es potestad de la Asamblea Legislativa. De hecho, si el Gobierno ya asignó esos fondos, a través de otro mecanismo, ya está cayendo en una ilegalidad”, explicó la diputada.
Sobre el fallo que afecta la reasignación presupuestaria de la Asamblea, especialmente dirigida a los municipios, la diputada dijo que la versión de que los diputados no consultaron al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y que por eso es inconstitucional el decreto 758, no tiene validez porque el magistrado Aldo Cader ya lo expresa en su voto disidente que el funcionario fue llamado para ser consultado pero que este no llegó.
Al respecto, el diputado Hándal dijo que la conducta del Ejecutivo persiste en contra de los alcaldes, a quienes les adeuda ocho meses de FODES que por ley debe entregar.
Añadió que si alguien está haciendo campaña con los fondos destinados a los municipios es el mismo presidente de la República, quien mediante esta acción de desfinanciar a los alcaldes espera que estos sean rechazados por la población y permitir que sus candidatos ganen en esas ciudades.
“Este es un plan del Ejecutivo contra todas las alcaldías, es un cálculo político y en ese sentido quien está en campaña electoral es el Gobierno”, dijo Hándal.
