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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ADECOES) Rogelio Canales dijo ayer que el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la divulgación de información pública es un retroceso en el tema de la transparencia y la democracia, que se había venido incrementando desde 2009.
Los magistrados aprovecharon una resolución relativa a los viajes del expresidente de la República Mauricio Funes para colocar una serie de obstáculos a la divulgación de la información pública. Una de estas medidas señala que es prohibido divulgar información pública que no corresponda a la gestión del funcionario que es solicitada.
Canales dijo que, además de bloquear el acceso a la información pública, los magistrados vuelven a tomar atribuciones que no les confiere la Constitución, como es el hecho de modificar de facto la Ley de Acceso a la Información Pública, al establecer prohibiciones que dicha normativa no incluye y que, según la Carta Magna, solo pueden modificar los diputados de la Asamblea Legislativa.
“Pareciera que hay una perversión en esa resolución porque específicamente se trata del caso del expresidente Funes”, afirmó en entrevista con Canal 10.
Según el bogado, los magistrados han establecido entre otras cosas, que los funcionarios tendrán la potestad de negar la información que solicite un ciudadano cuando consideren que el peticionario esté pidiendo información que él califique como “superflua”.
“Se menciona que los magistrados de la Sala han preparado un andamiaje tal que permitirá que en el 2019 tengan un gobierno con corte político diferente al actual y entonces preparan todo el andamiaje y el espacio suficiente para que cuando se venga por parte de la ciudadanía a interpelar, a pedir, a solicitar información a los funcionarios que creen ellos que podrían llegar al nuevo gobierno, aquellos tendrán la suficiente potestad para rechazar la solicitud y volverse a cubrir y regresar al Estado de opacidad del pasado”, denunció Canales.
De acuerdo con Canales, a estas alturas y tras el fallo de la Sala, lo único que puede hacer la ciudadanía es pedirle a los magistrados que aprobaron esta resolución, que den una explicación sobre lo que resolvieron en el tema de acceso a la información.
“Lo que se puede es pedirle a la Sala que aclare cuáles son los fundamentos que se han tenido para poder resolver eso y que ponga en vigencia los preceptos legales garantizando el derecho fundamental de acceso a la información, como parte de la democracia misma”, afirmó.
Añadió que los magistrados pueden aprovechar la oportunidad para modificar los efectos de la sentencia y dar marcha atrás a las medidas, que han recibido críticas provenientes tanto de sectores sociales de izquierda como de derecha, quienes no han visto bien este fallo. “Es una posibilidad que tiene la sala para retractarse de haber violentado el derecho, porque ahora, señores de la Sala, lamentablemente, no tienen quién les respalde en esa posición, o sea, que todos los grupos que orbitan alrededor de la derecha política están en contra”, señaló.
El abogado también aseguró que con la resolución sobre el presupuesto general de la nación 2017, los magistrados asumen atribuciones que no les competen como la de ordenar la asignación de fondos públicos cuando sus decisiones, a partir de cualquier recurso que se les haya presentado, deben de enmarcarse estrictamente en declarar constitucional o inconstitucional lo planteado por un demandante y no el dictarle al Ejecutivo cómo resolver la inconstitucionalidad.
