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La polémica Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tuvo una “intencionalidad política de afectar al gobierno” al bloquear un incremento del 13 por ciento al consumo energético, aseguró el ex presidente de la Asamblea Legislativa y dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes.
“Es evidente que hay una intencionalidad política de afectar al gobierno” con la resolución que emitió la noche del miércoles la Sala de lo Constitucional contra un incremento al consumo energético, reiteró el funcionario, quien calificó el acuerdo de “sumamente desafortunado”.
“Ellos (los Magistrados) tienen una serie de casos, de demandas, incluyendo la inconstitucionalidad del nombramiento de algunos de ellos, engavetados desde hace meses, años, y este tipo de demandas (contra el incremento a la energía eléctrica) las atienden bajo un mecanismo expres”, cuestionó Reyes.
“Cuando se cuestiona su misma constitucionalidad (la de los Magistrados) –añadió -, eso lo mantienen bajo siete candados, es evidente que hay una intencionalidad política de afectar al gobierno (con la resolución contra el incremento a las tarifas eléctricas)”, afirmó.
La Asamblea Legislativa había iniciado años atrás un proceso para investigar la constitucionalidad en la elección de los Magistrados Rodolfo González y Belarmino Jaime, pero la Sala de lo Constitucional frenó el intento y traspasó las funciones de iniciar procesos de antejuicio a la Fiscalía General, quitándole a la Asamblea una de las funciones constitucionales.
La Sala, como es conocido popularmente, falló a favor de una demanda de inconstitucionalidad contra un incremento del 13 por ciento a las tarifas eléctricas a partir del 15 de julio autorizado por el gobierno, interpuesta por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que se resiste a que las empresas paguen un centavo de dólar más por kilowats hora.
Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional argumentaron en su resolución que la única responsable de realizar ese tipo de acciones es Asamblea Legislativa, y no el Ejecutivo.
El gobierno ha asegurado que el incremento no afectaría a las personas que gozan de un subsidio gubernamental y que lo recaudado con el incremento al costo del suministro energético sería empleado para la generación de energía renovable.
“Lo que ha hecho el Ejecutivo es en el Marco de Lay, en el Marco de su Mandato”, afirmó Reyes, actual presidente de la institución gubernamental PROESA, responsable de promover la inversión extranjera en el país. “Es sumamente desafortunado que se busquen que estos proyectos, que además, no van a afectar a los hogares de menores ingresos, sean bloqueados”, se lamentó el funcionario.
Reyes insistió en que la decisión de la Sala “pone en entredicho que este país pueda tener generación eléctrica limpia, sostenible, accesible para los hogares, para la economía”.
Contradicciones por fallo
Mientras unos aplauden la decisión de la Sala de bloquear el incremento al costo de la energía eléctrica, otros, como Reyes, lo lamentan.
“Toda la población debe estar alegre, porque la Sala lo que ha dicho al Presidente de la República (Salvador Sánchez Cerén), es presidente, usted no le puede quitar su derecho de propiedad, usted no le puede quitar los salarios a todos los ciudadanos, usted no le puede quitar sus ingresos a los ciudadanos”, expresó el Director Legal de la ANEP, Javier Argueta.
También el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, dijo que el fallo contra el aumento a la tarifas eléctricas “lo vemos muy positivo”. El jefe de la fracción legislativa de GANA, Guadalupe Vásquez, también aplaudió el fallo de la Sala de lo Constitucional. “La Sala lo ha hecho bien conociendo el clamor de la gente, del pueblo salvadoreño, y ha logrado frenar este aumento a los tarifas”, dijo el parlamentario. “El impacto (de incrementar el costo a la energía eléctrica) en la gente iba a ser tremendo y la pequeña y micro empresas les iba a impactar enormemente”, recordó la parlamentaria por ARENA, Milena Calderón de Escalón.
Jackeline Rivera, diputada por el FMLN, aseguró que el incremento al consumo energético “lo íbamos a pagar los que tenemos mejores condiciones económicas; el subsidiado no iba a pagar ningún centavo”.