Por Alessia Genoves
Colaboradora
Cerca de 420 votantes ejercieron su voto en la Junta Receptora de Votos (JRV) 13-55, localizada en el Instituto Nacional de Comercio (INCO), de San Jacinto. Las opciones partidarias no fueron distintas a las de la población nacional y trans-nacional, que le fue oportuno elegir a 1 entre los 6 candidatos presidenciales, y a una cantidad máxima de 16 de los aspirantes a las diputaciones en la Asamblea Legislativa.
El proceso de registro contó con la participación de seis designados de las JRV por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre los que participé yo, una periodista y mujer transexual, asumiendo el cargo de secretaria. En el proceso, autorizamos a la población exclusivamente apadronada en nuestra JRV, y asesoramos al votante. En ese escenario, las disputas arraigadas a la política partidaria fueron insonoras, los visitantes se comportaron con cortesía, y el trabajo en equipo -tan vital- nos estimulaba a terminar el proceso con el mejor resultado.
Sin embargo, nuestras expectativas decaían en la medida en que nos disponíamos a hacer la digitalización del registro electoral, en la plataforma oficial del TSE. El primer golpe de realidad lo vivimos en el INCO, tras ser informados que los votos debíamos contarlos manualmente; y el segundo, tras confirmarse la noticia de que las dificultades en el registro las teníamos no sólo los voluntarios de nuestro centro de votación, sino también los de otros que lo reportaron desde sus redes sociales. A las quejas asistió el TSE. solicitando informes manuscritos y sellados por las JRV, en ausencia de un sistema cibernético eficaz.
Seguridad insospechada
Los voluntarios nos presentamos al INCO desde las 4:00 a.m., en compañía de los primeros efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), elementos de las Fuerzas Armadas y estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Policial (ANSP). Sin embargo, su volumen fue escaso, y nuestro medio no reportó el avistamiento de un Fiscal Electoral, ni el de la Policía designada para detener conductas anómalas como promoción de consignas partidarias, publicidad disuasiva y música con contenido de violencia política expuesta por correligionarios del FMLN, desde las afueras del centro de votación.
Mi entusiasmo por ingresar al centro de votación lo compartía con Neftalí Pereira, un amigo que repasaba los manuales de capacitación del TSE. para ser instrumento en el proceso de votación. Con 15o Celsius de temperatura en el ambiente, sólo podíamos agitarnos. Por otro lado, yo me sentía menos preocupada, pues había recibido tres capacitaciones previas por el TSE para este evento, y otras de una corporación de tele-operaciones por el evento electoral, en la que había finalizado mis responsabilidades hacía apenas una semana.
Debo confesar, por otra parte, que tenía una preocupación latente porque mi expresión de género alterara la convivencia en el proceso al que nos sometía el TSE; y el hecho de ser acreditada por el mismo TSE como periodista a través de las gestiones de la Revista Voces. Ninguna norma electoral advertía sanciones por las condiciones que me identificaban; es más, ya había periodistas acreditados por el TSE con responsabilidades en las JRV antes que yo: y el voto a mujeres trans estaba garantizado hasta en los manuales de capacitación.
La JRV 13-55 me recibió con seriedad y cortesía, para asumir el cargo de la secretaria. Mis firmas y sellos fueron impresos en 423 papeletas a capacitación, de las cuales tres fueron aisladas y reportadas por presentar daños que las hacían inutilizables. En el evento, entregué dos de ellas a dos mujeres trans aledañas, quienes agradecieron ser atendidas por nosotros. Desde luego que el voto es secreto y confidencial, pero apenas fuerzas partidarias minoritarias -como el FMLN, GANA y Nuestro Tiempo- se suscribieron a las propuestas de organizaciones feministas y LGBT+ para comprometer su servicio a las demandas por una Ley de Identidad de Género y la reforma efectiva a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), mismas a las que no ha respondido el partido mayoritario, Nuevas Ideas.
La digitalización, un desaliento
Un total de 420 papeletas de votación se dedicaban al voto legislativo, y otras 420 se dedicaron al voto presidencial. Al cierre de las urnas, y tras la atención de los votantes sobrantes a la 13-55, nos dispusimos a registrar el escrutinio de los votos presidenciales; para después seguir con el conteo de los votos legislativos. El problema resultó al memento de solicitar la apertura de la plataforma del TSE para digitalizar los votos, ya que los técnicos nos pedían hacer el voto manual antes de digitalizarlo.
Esa condición fue discutida entre los miembros, hasta convenir que era la única forma de registrar los votos con seguridad, ante una posible falla en el sistema que nos advertían los técnicos. Hasta la transcripción de los resultados presidenciales y la impresión del acta, nos mostramos satisfechos; pero nuestras impresiones cambiaron, cuando los técnicos nos explicaron que debíamos transcribir los resultados de cada papeleta, una por una; pues ya las habíamos contado de una en una con nuestros teléfonos, a través de una hoja de cálculo compartida y en la que trabajábamos simultáneamente.
Transcurrieron 4 horas, desde las 5:00 pm, para que los votos fueran registrados en nuestro sistema de cálculo; y apenas 1 hora para exigir a los técnicos informáticos y a los auxiliares del TSE explicaciones sobre la situación confusa, que era distinta a la que conocimos en las capacitaciones. Una respuesta nos la anticipaba la Fiscal Electoral, quien nos ofreció una clave de acceso extraordinaria al sistema; pero luego de que fuera rechazada por los técnicos, ésta nos ofreció hacer un acta para rendir los resultados en manuscrito, que fuera acreditada por la JRV y por la FGR.
La solución llegaría por parte del TSE, tras admitir que todo el sistema digital electoral había fallado. Por lo que nos pidieron rendir los resultados en un acta estandarizada por la misma institución, con los campos requeridos para hacer el vaciado informático. Esa fotocopia estandarizada se divulgó en las JRV de todo el país, a iniciativa de los magistrados del TSE. Entretanto, el titular de la FGR, Rodolfo Delgado, denunció públicamente las fallas por las que responsabilizaba a INDRA Corporation, la misma que participó en las Elecciones Legislativas de 2018, cuando el sistema de registro también colapsó, y dejó irregularidades de hasta $143 mil dólares, según informes de la Corte de Cuentas de la República.