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@arpassv
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, see David Morales, pidió ayer que la Policía Nacional Civil (PNC) y la INTERPOL capturen a los ex jefes militares involucrados en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA y sus colaboradoras perpetrada en noviembre de 1989.
Por este crimen de lesa humanidad la justicia española reclama a los miembros de la cúpula militar de aquella época, entre éstos Juan Rafael Bustillo (ex comandante de la Fuerza Aérea), Francisco Elena Fuentes (ex jefe de la Primera Brigada de Infantería), Carlos Mauricio Guzmán (ex director nacional de Inteligencia), Rafael Humberto Larios (ex jefe del Estado Mayor), Juan Orlando Zepeda (ex viceministro de Defensa) y Guillermo Benavides (ex director de la Escuela Militar). A estos se suman el general René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, el primero falleció en mayo de 2011 y el segundo está detenido en Estados Unidos por fraude migratorio.
El juez español Eloy Velasco reiteró las órdenes de captura la semana pasada, con el propósito de extraditar a los responsables del horrendo crimen cometido en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” durante el último tramo de la guerra civil salvadoreña.
Las órdenes de detención se giraron por primera vez en mayo de 2012, pero la PNC no las ejecutó y permitió que los acusados se resguardaran en un cuartel militar amparados por las autoridades del Ejército durante el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que “las órdenes de captura con notificaciones rojas sólo son para ubicar a las personas procesadas y no para detenerlas”.
Sin embargo, la CSJ corrigió en agosto de 2015: la Sala Constitucional reconoció que las órdenes de captura internacional con notificación roja implican detención y no sólo la ubicación, y en octubre del mismo año los magistrados de la Corte Plena enmendaron la interpretación errónea que hicieron sus predecesores cuatro años antes.
Con este nuevo criterio de la CSJ, el Juez Velasco reitera las órdenes de captura y el Procurador Morales exige que se cumplan.
Pero a la lista de ex jefes militares requeridos debe sumarse al ex presidente arenero Alfredo Cristiani, quien por disposición constitucional era el comandante general de la Fuerza Armada cuando se cometieron los asesinatos.
Ayer el ex ministro de Defensa, Carlos Humberto Corado, intentando absolver a los ex militares reclamados por la justicia española, dijo en una entrevista televisiva que “los militares sólo cumplían órdenes que les daban los políticos”. Este sujeto debe ser llamado inmediatamente como testigo para que diga quiénes son los políticos que ordenaron asesinar a Ignacio Ellacuría y sus compañeros jesuitas de la UCA.
