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TeleSUR
La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, denunció este jueves que el destituido jefe militar Juan José Zuñiga, quien encabezó a un grupo de militares para tomar la sede del Ejecutivo boliviano, confesó que no pudo «consumar los objetivos del alzamiento porque sus refuerzos tardaron en llegar».
La acción dejó un saldo de 12 heridos por arma de fuego y hay una decena de militares aprehendidos por acciones que podrían acarrearle hasta 30 años de cárcel.
Prada leyó ante medios de comunicación la entrevista que la Policía le realizó a Zuñiga tras su captura.
Según la ministra, al preguntarle a Zuñiga «el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento», el excomandante del Ejército admitió que «las unidades de Viacha tardaron en llegar» y que «también el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudieron llegar».
En la transcripción de las declaraciones que según la ministra estaba firmada por Zuñiga, este agregó que «se decidió que se realizaría el levantamiento el día miércoles 26 de junio a horas 11.00, ya que se encontraban todos los comandantes de las fuerzas militares».
La tarde del miércoles, Zuñiga encabezó a un grupo de militares fuertemente armados y tanques que tomaron la plaza Murillo, frente a la sede del Gobierno de Luis Arce, y, después de derribar la puerta del edificio, el destituido jefe militar dijo a la prensa que iba a «cambiar el gabinete de Gobierno» y que buscaba «restablecer» la democracia en Bolivia.
Luis Arce y su gabinete permanecieron en la sede del Ejecutivo, desde donde denunciaron el golpe ante la comunidad internacional y, mientras Zuñiga y su grupo militar mantenía la presión afuera (incluyendo el derribo de la puerta principal), cambió a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas de Bolivia.
Zuñiga y sus seguidores se replegaron tras el cambio de mandos militares y, momentos después, el destituido jefe militar fue capturado en la sede del Estado Mayor.
En ese momento la Fiscalía General informó que se activaron las investigaciones penales, además de una alerta migratoria contra Zúñiga. Asimismo, abrió una investigación por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
