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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Tatiana Oliva, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua consideró de medular importancia la aprobación de la Ley General del Agua, a partir de ser un derecho humano y en el contexto de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19, que asedia al mundo y al país.
“La Ley General de Aguas presentada por las organizaciones, y que la comisión legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, escuchara y no dieran por valedero que el ente rector, fuera a manos de privados, porque en su mayoría este sector solo defiende sus intereses, no obstante, la amenaza sigue vigente”, afirmó Oliva.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, a dos años de iniciar su lucha a favor del reconocimiento del “derecho humano al agua”, que integre la Ley General de Aguas y en contra de su privatización, reitera las diversas demandas y propuestas desde las comunidades para garantizar la vida y salud de la población.
Para Oliva es válido hacer una reflexión en el contexto actual, a fin de ratificar el objetivo de esta alianza de organizaciones y comunidades, de una Ley de Aguas y Saneamiento, como un recurso del Estado y por el bien común.
“La diputada Martha Batres -presidenta de la comisión de Medio Ambiente- propuso una hoja ruta, para que en un período de 33 semanas se pudiera discutir la Ley de Aguas y, para agosto del presente año, el pueblo contara con una ley de aguas, y esta nueva discusión permitió la participación de las organizaciones, pero las limitaron para dar sus opiniones de forma escrita, no de forma presencial u oral. Y luego, trasladaron esta discusión a una comisión técnica; es decir, limitaron la contraloría social de las organizaciones”, apuntó.
Luis González, de la Alianza, señaló también, en cuanto a legislar en el tema hídrico, que en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se encuentran cuatro proyectos de reformas constitucionales para reconocer el derecho humano del agua y no se ha obtenido ningún resultado.
“Es preocupante esta situación, porque fue reconocido en el año 2010 por Naciones Unidas (ONU) y en El Salvador, que es fundamental ese reconocimiento por la magnitud de la crisis que afecta la población, no se ha hecho. Además, hacemos notar la falta de una política o plan orientado a garantizar este derecho humano a la población, porque es inexistente, esto a pesar de que hay un discurso o narrativa política del 12 de junio 2019, por el presidente de la república (Nayib Bukele), quien planteó que iban a presentar esa ley para beneficio de la población”, argumentó.
En cuanto a la crisis histórica sobre el acceso al agua potable que enfrenta la población, González recordó el manejo de la crisis hídrica en enero pasado, cuando las autoridades de ANDA permitieron el suministro de agua con características no aptas al consumo humano y que el mismo Frederick Benítez, presidente de la autónoma, manifestó que el consumo del agua no era recomendaba para la población, cuando enfrentó un proceso de interpelación ante la Asamblea Legislativa, que concluyó con la recomendación de destituir al funcionario que aún continúa al frente de la entidad.
“No tenemos una Ley General de Aguas, no tenemos el reconocimiento del derecho humano al agua y no tenemos políticas públicas a garantizar efectivamente este bien natural, para las personas que lo necesitan. Es urgente un plan de reingieniería completo y así responder de manera inmediata a la población”, sostuvo.
Omar Flores, de la Alianza, reflexionó además sobre la importancia y urgencia del Estado salvadoreño de cumplir con los compromisos internacionales o convenios suscritos como el “Acuerdo de Escazú”, que contiene el reconocimiento del derecho humano al agua y de los defensores ambientalistas.
“El Acuerdo de Escazú tiene que ver con el derecho de acceso a la información (pública), la participación ciudadana y acceso a la justicia en materia medioambiental y la creación de mecanismos para la protección de las personas defensoras del derecho humano al agua o ambientales. Y de manera concreta, esta Alianza contra la Privatización del Agua, también ha tenido que enfrentar ataques y señalamientos y descrédito desde el liderazgo económico, rechazo desde la Asamblea Legislativa, cuando se quiso ejercer la contraloría social en estos espacios”, puntualizó.
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