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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El vicerrector de Proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano, enfatizó, durante el informe “La libertad de prensa y el acceso a la información pública en El Salvador”, que la gran deuda del gobierno actual es la falta de rendición de cuentas, lo cual afecta la transparencia y el acceso a la información pública. “La máxima opacidad y ocultamiento de la información es lo que estamos viviendo en El Salvador, si hay algo que falta en estos momentos en el país es la rendición de cuentas, ni en los aniversarios de gobierno se dice de lo hecho y en qué se ha gastado; sino en un discurso político se habla lo que se va hacer. Aquí la norma es ocultar la información, y si se oculta es por algo, es un ejercicio ciudadano y periodístico buscar esa información”, manifestó Serrano.
Asimismo, recordó a Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha señalado que en el país hay una involución y retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información, dos aspectos indispensables para medir el estado de la democracia, por lo cual “en El Salvador la democracia está enferma”, reiteró.
El estudio presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) detalló que la cooptación del IAIP y la falta de independencia e imparcialidad son algunos factores que limitan el acceso a la información generada por las instituciones públicas, las cuales deben de estar accesibles para la población en general.
Si bien las reservas de información deberían ser excepciones en la ley, actualmente hay un incremento que no tienen la base legal, sólo con la finalidad de esconder información por parte del gobierno, como por ejemplo, las contrataciones para las vacunas, cuyos datos deberían ser público porque es de interés de la población.
Diego Manzano, investigador del OUDH, dijo que el estudio también reveló un aumento del 184% en agresiones a periodistas en El Salvador durante 2019-2021, en este período se enfrentaron con bloqueos para obtener datos o declaraciones; hay una información centralizada; existe un temor de las fuentes a hablar, cada día hay más “fuentes off the record”, porque temen sufrir represalias físicas o ser despedidos; incremento de restricciones a espacios de cobertura y limitaciones a la circulación.
Señaló que de acuerdo a informes de la APES en 2021 se registraron 219 agresiones a periodistas, de este universo, 102 están vinculadas con restricciones al ejercicio periodístico, pues se debe contar con el permiso de ciertas instancias para que las fuentes den un pronunciamiento. Los ataques de odio se han intensificado en redes sociales, particularmente en twitter, que pretenden afectar la imagen y credibilidad, hay un acoso y se activan una serie de cuentas de manera coordinada de quienes cuestionan el accionar gubernamental.
“Estos aspectos limitaron la libertad de prensa y el acceso a la información pública, un elemento característico ha sido el golpe al sistema judicial donde se destituyó a los exmagistrados y fiscal general de la República sin llevar a cabo un debido proceso. Cada vez más y con mayor intensidad se ha visto el ocultamiento de la información pública; año con año se ha venido incrementando aceleradamente discursos de odio y generar el concepto de enemigo interno”, manifestó.
Manzano externó que algunos periodistas han sido objeto de intimidación, por medio de llamadas, en redes sociales reciben amenazas; asimismo, son víctimas de espionaje, a través de una de serie de drones sobrevuelan donde ellos se encuentran. Una vez que los discursos de odio son normalizados, continúan los ataques físicos, tal como ocurrió con un periodista que al momento de la cobertura fue agredido por un agente de la PNC.
Uno de los principales hallazgos del informe es que hay una fuerte campaña mediática por parte de los medios estatales, los cuales, refuerza el discurso de odio hacia los periodistas y medios que intentan hacer bien su trabajo. Los ataques a los periodistas han sido frecuentes, un ejemplo de ello es que el presidente del Órgano Ejecutivo ha llegado a pedirle a los periodistas “incómodos”, que se retiren del país, que aquí no se necesitan.
Además, existen más dificultades para obtener datos institucionales, hay una falta de actualización en varios portales de transparencia, lo cual dificulta la posibilidad de elaborar notas e informar a la población y al mismo, existe una discrecionalidad en los criterios de como los oficiales de información están determinando que ciertos datos pueden o no ser publicados, un criterio más de carácter político y no en lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.
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