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Tegucigalpa / AFP
La familia de la ambientalista hondureña asesinada Berta Cáceres espera que la próxima semana sean sentenciados siete de nueve acusados del crimen, pero seguirá luchando por la condena para los autores intelectuales, informó a la AFP una hija de la emblemática ecologista.
«Hay suficientes pruebas testificales y documentales» contra siete acusados que están en el juicio oral y público, dijo Berta Zúniga, hija de la ambientalista y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras (Copinh).
Cáceres, de 43 años, quien se desempeñaba como coordinadora del Copinh, fue asesinada la medianoche del 2 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, oeste. Resultó herido de bala su huésped, el activista mexicano Gustavo Castro.
El tribunal de sentencia inició el pasado 20 de octubre el juicio oral público contra ocho supuestos autores, entre ellos el gerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, y los miembros de la seguridad de esa empresa, el oficial del ejército Mariano Díaz y Douglas Geovani Bustillo.
Zúniga lamentó que el MP acusó como autor intelectual a Rodríguez, aunque las pruebas remiten a un papel de comunicador entre sicarios y autores intelectuales.
Los abogados de la familia y del Copinh fueron excluidos del juicio, tras interponer recursos recusando a los miembros del tribunal por tener dudas de su imparcialidad. La acusación la asumieron exclusivamente los fiscales del Ministerio Público (MP).
Por el crimen, también está acusado el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, pero en un juicio separado.
La coordinadora del Copinh estimó que uno de los acusados como sicario, Emerson Duarte, no participó y lo incriminan por haberse hallado el arma homicida durante un allanamiento en su casa en el puerto de La Ceiba (Caribe, norte). Edilson, hermano de Emerson, está entre los ocho acusados.
«No vamos a renunciar al anhelo de una verdadera justicia. Hay un largo camino por delante», subrayó Zúniga al destacar que arriba de Castillo hay otros autores intelectuales que tendrán que pagar por el crimen.
Berta Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras haber denunciado que personal de DESA la amenazaba de muerte por oponerse con manifestaciones a la construcción de una hidroeléctrica de esa compañía en el río Gualcarque, en territorio de indígenas lenca, oeste del país.
