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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
La familia de José Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra. líder de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quien fue detenido el 30 de mayo de manera «arbitraria» por la División del Crimen Organizado (DECO) y trasladado el 28 de junio a la Penitenciaría La Occidental en Santa Ana, reiteró en las últimas horas, mediante un comunicado, que Montalvo, de 72 años, tiene un cuadro médico grave desde noviembre de 2023. Por lo cual, solicitaron su «pronta y justa liberación».
La familia explicó que Montalvo fue sacado de su vivienda con engaños y sin una orden policial, ya que le dijeron que solo lo requerían para un interrogatorio de una investigación en curso. Sin embargo, la vivienda quedó en custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), impidiendo la entrada de otros familiares, excepto su esposa e hijo.
Según la familia, el 31 de mayo se realizó un allanamiento con una orden en presencia de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, junto con la esposa y el abogado defensor de Montalvo. De acuerdo con el comunicado, «lo único que se llevaron de la vivienda fueron 4 computadoras, dos pertenecientes a la esposa y su lugar de trabajo, y el teléfono celular de la esposa».
Asimismo, la familia informó que Montalvo tiene varias enfermedades diagnosticadas, incluyendo Enfermedad Renal Crónica etapa 5, y que sufrió un ataque cardíaco el 30 de abril.
«Debido a su evidente deterioro de salud, no ha estado en condiciones de participar en ninguna protesta o atentado, como se le imputa», expresaron.
Por otro lado, la familia de Montalvo detalló que el 14 de junio, en una audiencia cerrada, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado atribuyó a Montalvo y a otros nueve detenidos cargos por Organizaciones Terroristas y actos terroristas cometidos con armas biológicas y destrucción masiva.
La jueza impuso una detención provisional por seis meses, durante los cuales Montalvo estaría yendo del hospital a la cárcel, situación que, según la familia, pone en riesgo su vida debido a su estado de salud.
La familia también expresó su preocupación por la situación de inseguridad jurídica en el país, puesto que el actual Estado de Excepción permite «una sistemática violación al debido proceso y la presunción de inocencia», así como otras violaciones a los derechos humanos.
En el comunicado, también exigieron que se garantice la atención médica que Montalvo ha estado recibiendo en el ISSS. Asimismo, enfatizaron qué tiene programadas diferentes diálisis y exámenes esenciales para preservar su salud y vida.
De la misma manera, expresaron su condena al proceder del sistema judicial en este caso, ya que Montalvo «está siendo una víctima más del actual régimen de excepción vigente en El Salvador».
Además, responsabilizaron al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, a la Fiscalía General de la República, a la Jueza 3 del Tribunal Primero del Crimen Organizado y al Gobierno de El Salvador por cualquier complicación en la salud o muerte de Montalvo.
