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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Hay suficiente prueba y exigimos justicia. Pedimos a la Fiscalía General de la República y a la jueza del caso que pueda hacer justicia por el feminicidio de Magaly”, dijo una familiar de Magaly García, asesinada el 30 de septiembre de 2016, ante la proximidad de la audiencia en contra del imputado William Alexis Villalobos, quién ejerció violencia desde el 2010 en contra de la víctima.
En la próxima audiencia, prevista para el 24 de septiembre, el Juzgador dictará sentencia en contra del imputado, por lo que la familia espera que el sistema de justicia responda ante la petición de la familia.
La Colectiva Amorales, junto a otras organizaciones que han acompañado el caso, denunció que el caso de Magaly ha estado lleno de irregularidades y negligencia de parte de la Fiscalía General de la República, ya que ha cambiado al fiscal del caso en tres ocasiones. La última fiscal cambió el delito de feminicidio agravado a simple.
“Nos parece preocupante hablar de un feminicidio simple”, dijo la portavoz de la organización, al tiempo que expresó que hay vacíos a la hora de abrir los expedientes, y los cambios del fiscal ha permitido dilatar el caso.
“Este hombre cometió el feminicidio en el 2016 y estuvo libre hasta el 2018, eso no es justo, pone en riesgo a la familia y a otros”, explicó Keyla Cáceres, del Colectivo Amorales.
Y es que, para el colectivo feminista, el caso de Magaly estuvo lleno de violencia sistemática, a la que se enfrentan las mujeres en El Salvador, por lo que exigen que no sea un caso más que quede en la impunidad.
“Dejar feminicidios sin sentencias es recordar a las salvadoreñas que son de segunda categoría y que no tienen derechos en este país”, explicó.
Además, pidió a los jueces encargados de resolver casos de feminicidios incorporar el análisis de género, que reconozca las violencias previas a las que son sometidas las mujeres y que las llevó al feminicidio.
La Colectiva denunció que tiene registrados más de 60 feminicidios en lo que va del año, pero creen que hay más, ya que consideran que los feminicidios no se están contabilizando tal cual. Entre estos, el caso de “Zulma”, asesinato que involucra a agentes policiales, y no está siendo categorizado como un feminicidio.
La entidad pro derechos de la mujer, también denunció las desapariciones de mujeres.
Cáceres dijo que tienen un registro que demuestra un alza del 20% de desapariciones, por lo que consideran las declaraciones del gobierno “risible y sin conocimiento de todo lo que rodea a la violencia contra la mujer”.
