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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Manuela” de 31 años, vivía en una zona rural de El Salvador; para ir a un hospital tenía que viajar más de cinco kilómetros. En el 2010, ella sufrió una fuerte caída que le ocasionó un dolor abdominal; fue al baño, sintió que expulsaba algo y se desmayó. Al despertar estaba en un hospital donde el médico la denunció por aborto, y aún sin recuperarse, fue esposada y custodiada por la Policía Nacional Civil (PNC). Tras su recuperación fue procesada y condenada a treinta años de prisión por el delito de homicidio agravado, dos años después, por falta de atención médica murió de cáncer.
El caso quedó en la impunidad en El Salvador, por lo que el Centro de Derechos Reproductivos y su aliada local, Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador (Agrupación Ciudadana), interpusieron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y tras ocho años de estudio decidió, esta semana, enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La Agrupación Ciudadana emitió un comunicado en el que estableció que el caso de Manuela representa los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en El Salvador, debido a la prohibición total del aborto, una de las leyes más restrictivas en el mundo.
“Durante casi veinte años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias –incluso, cuando es necesario para salvar la vida de la mujer-, imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud que busca y provee, respectivamente, un servicio de salud reproductiva. Esta penalización ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, partos extra hospitalarios, entre otras, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio”, dicta el escrito.
Por lo que, a su juicio, la llegada de este caso a la Corte IDH permitirá crear estándares que todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán acoger y cumplir, para garantizar el derecho a la vida, integridad y salud de las mujeres, incluyendo a las mujeres privadas de su libertad.
También permitirá establecer precedentes para que investigaciones y juicios contra mujeres se ajusten al debido proceso y a las garantías judiciales, para que los y las operadoras de salud respeten y garanticen el secreto profesional, y para que El Salvador asuma y cumpla con su responsabilidad internacional por no satisfacer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
Ante ello, Catalina Martínez Coral directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos dijo: “Tenemos esperanza de que la demanda de justicia que no hemos encontrado para Manuela, sus hijos y su familia en El Salvador, pueda encontrar respuesta favorable en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; que sus hijos puedan sentirse orgullosos de la imagen de su madre, que no fue una asesina, sino una víctima de violación de muchos de sus derechos”.
