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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Ovidio Mauricio González, coordinador de la asociación de derechos humanos, tutela legal “Dra. María Julia Hernández”, anunció la autorización del juez Guzmán Urquilla, para la exhumación de siete osamentas que podrían pertenecer a la familia Pereira Márquez, en el caserío El Mozote, municipio de Meanguera, Morazán.
“Las osamentas fueron encontradas mientras realizaban tareas agrícolas, José Ramos y Patricia Argueta, el pasado 29 de enero, que se presumen son siete osamentas, dos de adultos y cinco menores de edad” explicó.
Fue en 1990, cuando se inicia el proceso penal por denuncia interpuesta por sobrevivientes de la masacre de El Mozote, y que acompañó tutela legal del arzobispado, ahora tutela legal “Dra. María Julia Hernández”, sin embargo, en 1993, el caso fue archivado por la aplicación de la ley de amnistía, que llevó varios años y fue hasta el 2016, que la sala de lo constitucional (CSJ) la deroga y se activa de nuevo el caso.
La masacre de El Mozote y sitios aledaños se considera según diversas investigaciones, la mayor operación militar de exterminio contra la población civil durante el pasado conflicto armado interno de El Salvador. Y hay una estimación que la mitad de las víctimas fue población infantil y adolescente, ejecutada por orden del alto mando de las fuerzas armadas, que incluyó al batallón élite Atlacatl, al mando del fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios.
Las víctimas podrían tratarse de: María de la Paz Pereira Márquez, Rufino Márquez y los infantes Edis del Carmen, María Gloria, Santos Ovidio, José Aníbal y José Arístides, todos apellidos Pereira Márquez.
El coordinador de tutela legal MJH, agregó que la pertinencia en la petición de la exhumación colectiva, se enmarca en el derecho internacional humanitario, frente a los “atroces crímenes” que se cometieron en la masacre de El Mozote, en diciembre de 1981, por un combinado militar que estaba bajo órdenes del alto mando de las fuerzas armadas de El Salvador.
“Se han vulnerado diversas disposiciones del Protocolo II adiciona a los convenios de Ginebra, relativos a las garantías fundamentales, trato humano a las personas que no participaron de las hostilidades, la protección de la población civil y la protección de bienes indispensables para su supervivencia. Así la prohibición de provocar desplazamientos forzados de esa población civil”, manifestó.
Alejandro Díaz, abogado de tutela legal MJH, indicó que también el Estado salvadoreño violentó marcos jurídicos que le obligan a garantizar el respeto de los derechos humanos de la población como: la vida, la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libre circulación y residencia, así como, al derecho a la propiedad privada.
Foto Diario Co Latino/Archivo
“Se han recuperado más de 350 restos óseos -que se han realizado en varias etapas desde el año 1990-, en donde se ha identificado la mayoría, evidencia el ataque sistemático, el ataque coordinado del alto mando en contra de la población civil. Y esto, se encuentra documentado por los peritos forenses (Argentina) que señalaron estos hechos violentos en contra, principalmente de niños”, reafirmó.
Asimismo, hizo un llamado a la asamblea legislativa, que se encuentra discutiendo la emisión de un decreto legislativo para la “identificación de personas”, que no poseen documentación y que pasará este día al pleno, para su aprobación, por lo que esperan un acompañamiento unánime.
“Muchas de las personas que se vieron afectadas por la operación Tierra Arrasada, fue difícil buscar su identificación y especialmente los niños y niñas. Entonces, pedimos que haya una voluntad real de los políticos, para ayudar a las personas que sufrieron estos hechos atroces, ya que necesitan ser reparadas y dignificadas moralmente. Dándole cumplimiento de la resolución de la corte interamericana de derechos humanos (2012), así como, completar el registro de víctimas que en un 65 %, ha sido difícil su identificación, por lo que pedimos acompañamiento y facilidades en todas las etapas que ha hecho la corte IDH”, manifestó.
Sobre el proceso jurídico que se lleva en el juzgado segundo de primera instancia, en el municipio de San Francisco Gotera, Morazán, tutela legal MJH, como abogados acusadores particulares, en representación de los familiares y sobrevivientes de la masacre de El Mozote, reconocieron el trabajo que realiza el juez de la causa, que consideraron era independiente y ético.
“Esperamos que no surjan sectores o funcionarios que vengan a entorpecer este tipo de procesos, en que buscamos conocer la verdad y la población necesita conocer esa verdad. Creemos además, que quienes cometieron esos hechos no deberían estar promoviendo decretos (órgano legislativo) para desligarse de esos actos. El avance del caso va, es una masacre de más de mil personas y aún hay lugares de enterramiento que no se han tocado, porque la gente no ha logrado localizar los sitios. Esto no lo hizo un soldado cualquiera, se trató de una planificación que abarcó a varias guarniciones militares”, puntualizó Ovidio Mauricio González.
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