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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Cuando el niño pregunta por ella y pregunta ¿Por qué ya no está?, vamos al cementerio a visitarla y él (hijo) se aferra a la tumba … Este es un dolor para toda la familia porque ella tuvo que partir”, expresó Humberto, hermano de Beatriz, que espera que el próximo 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca la demanda contra el Estado salvadoreño que por segunda ocasión se enfrenta al tribunal al no garantizar los derechos de las mujeres salvadoreñas.
“Quiero agradecer a estas organizaciones (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Colectiva Feminista, CEJIL e IPAS), que acompañaron y apoyaron a Beatriz, en una lucha que no fue fácil para ella y nosotros”, manifestó.
“Beatriz fue sometida por el Estado (salvadoreño) a continuar un embarazo que no era viable y que ponía en riesgo su vida. Era luchadora y decidida pese a vivir en la pobreza -nunca se dio por vencida- por eso seguimos como familia su lucha, porque estuvimos con ella cuando tomó la decisión y porque no queremos más Beatrices en el país”, reiteró Humberto.
La preparación de la familia, organizaciones feministas, de derechos humanos y mujeres para la audiencia de la Corte IDH, este próximo 22 y 23 de marzo, en Costa Rica, sede del organismo regional, ha generado diversas expectativas sobre una sentencia posterior que mande al Estado salvadoreño a cambiar su normativa jurídica y garantizar no más actos de repetición como el caso de Beatriz.
Fue en marzo de 2013, cuando Beatriz, joven de la zona rural, registró en el sistema de salud un embarazo con un feto con anencefalia (sin cerebro y huesos del cráneo) que comprometía la salud por su padecimiento de lupus eritematoso, por lo que los médicos recomendaron la interrupción del embarazo por su complejidad y su alto riesgo a la vida de la madre que ya tenía un niño prematuro de 9 meses.
Sin embargo, el equipo médico se negó a realizar la interrupción del aborto por temor a ser encarcelados por la penalización absoluta del aborto en el país, pese a saber que era la forma de salvarle la vida a Beatriz.
“Hace 10 años inició esta lucha por la vida, la dignidad y la libertad, Beatriz la mujer que desafió, que interpeló y conmovió al mundo. Ahora, las defensoras de derechos humanos que estamos aquí y acompañamos su voz y su decisión, ella nos dijo -Quiero Vivir- algo que no debería ser un privilegio, pero cuando vivimos en un país que penaliza de manera absoluta el aborto y que se ensaña con mujeres jóvenes y pobres, esa petición fue acuerpada”, dijo Sara García, coordinadora de Incidencia Política y Alianzas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Sobre el caso, García expresó que Beatriz, pese a los obstáculos que le impuso el sistema jurídico, interpeló y llevó su caso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para solicitar un amparo, dentro de una espera innecesaria por 81 días, lejos de su familia, hospitalizada y con incertidumbre de su futuro.
“Diez años después, estamos ante un momento histórico en que el Estado salvadoreño será llevado ante este alto tribunal de las Américas, este 22 y 23 de marzo, y se conocerán los hechos y todas las violaciones que sufrió Beatriz y su familia. Como organizaciones representantes acompañamos este pedido de justicia que es justicia para Beatriz y todas. Y esperamos que el Estado sea condenado y genere cambios estructurales, y medidas de no repetición”, acotó García.
Marcela Martino, subdirectora de CEJIL, que acompaña la defensa del Caso Beatriz, señaló que la audiencia próxima en San José, Costa Rica, marca un hito en un “largo camino hacia la justicia” para las mujeres no solo salvadoreñas, también las de la región y el Caribe.
“Con la voz de Beatriz, que dijo -Quiero Vivir-, que era para cuidar de su hijo, y porque no era justo que el Estado que a través de normas y prejuicios le impidiera seguir adelante con su salud y su vida, es un paso en donde muchas organizaciones y mujeres no solo el caso Beatriz, que han visto reflejada la lucha de miles de mujeres en el continente”, dijo.
Este proceso que inició hace 10 años, y que pronto habrá una sentencia, que no implicará solo el reconocimiento de lo ocurrido, también dictará medidas que quiten los obstáculos para los derechos sexuales y reproductivos.
Sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se constituye en el más alto tribunal en materia de derechos humanos del continente, Martino resaltó que sería la primera vez que este foro jurídico escuchará de un caso que trata del aborto. Y por tanto, una oportunidad para que los Estados que han ratificado la “Convención Americana”, entiendan cuales son sus obligaciones y responsabilidades con las mujeres, niñas y adolescentes gestantes.
“Esto significa que si bien el caso trata de El Salvador y su responsabilidad por las omisiones y sus acciones que cometió contra Beatriz, contra su familia y las que ha cometido sin duda, con muchas otras mujeres, tendrá un impacto muchísimo más que El Salvador”, acotó.
“La Corte IDH es la que realiza la interpretación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que es el principal instrumento en el que se basa el Sistema Interamericano. El Salvador ha ratificado este documento como otros Estados, y eso significa que se comprometieron de manera soberana y autónoma a proteger a la población en sus territorios”, señaló Martino.
“Los siete jueces (Corte IDH) conocerán a Beatriz, la joven que alzó su voz buscando justicia”, afirmó Fernanda Díaz de León, subdirectora de IPAS México, que acompaña también la causa de la joven madre salvadoreña, como organización colitigante en el proceso contra el Estado de El Salvador.
“Beatriz es una mujer salvadoreña que alzó su voz buscando que ninguna otra mujer en El Salvador sufra lo que ella sufrió, luego de la negativa del Estado salvadoreño para protegerla. Beatriz necesitaba una interrupción del embarazo con un producto con nulas posibilidades de vivir para preservar su salud, por un lupus, enfrentando un Estado indolente e insensible”, reseñó.
“Por primera vez, en América Latina el más alto tribunal conocerá un caso en donde un Estado es señalado por negar servicio de aborto, por la existencia de políticas de penalización absoluta. La familia de Beatriz, así como las organizaciones colitigantes esperamos el reconocimiento que los servicios de aborto son esenciales para preservar la salud y la vida de las mujeres, y personas gestantes embarazadas”, acotó.
Asimismo, esperan que la Corte IDH reconozca las violaciones a derechos humanos que un Estado ha cometido, que se relacionan con la negativa de servicio de salud para un aborto en mujeres que presentan embarazos inviables y de alto riesgo para las mismas.
“Esperamos que se establezcan precedentes para reparar integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto de esta negación de salud y servicios cuando la vida de las mujeres está en riesgo”, señaló.
“La decisión de la Corte IDH la esperamos tener a finales de este año (2023), si bien la audiencia es fundamental en todo este proceso que ha durado todos estos años, la sentencia esperamos que sea estándar para que los Estados de la región en América Latina, retomen en materia de prestación de servicios de aborto para preservar la salud, la vida de las mujeres y personas gestantes embarazadas”, puntualizó de León.
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