Tegucigalpa/AFP
Familiares de la militante ecologista Berta Cáceres, tadalafil asesinada en Honduras el pasado 3 de marzo, reclamaron este miércoles justicia ante la Fiscalía y reiteraron su exigencia de que se investigue a empresarios de una hidroeléctrica por su presunta responsabilidad en el crimen.
«Nuevamente nos dirigimos a la comunidad internacional para pedir que (…) se insista ante las autoridades hondureñas» solicitando «el nombramiento de un grupo interdisciplinario de personas expertas que coadyuve en las investigaciones», afirmó Laura Zúniga Cáceres, hija de la asesinada.
Leyendo una declaración frente al edificio del Ministerio Público, la joven dijo que ese grupo debe formarse con la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la familia de Cáceres.
También, demandó que «se revoquen todas las concesiones que fueron otorgadas sobre el territorio (indígena) lenca», etnia a la que pertenecía Cáceres y cuyos derechos defendió durante décadas de comprometida lucha.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos que entraron su vivienda en la comunidad de La Esperanza (este).
La CIDH había dictado medidas cautelares a favor de Cáceres, luego de que ésta denunciara haber recibido amenazas de empresarios de la empresa Desarrollo Eléctricos S.A. (DESA), que construye una represa en el río Gualcarque.
La obra se encuentra dentro del territorio de la etnia lenca, que tiene unos 400.000 habitantes, y Cáceres encabezaba una lucha de su comunidad para que se suspendieran las obras hidroeléctricas.
A pesar de las promesas del presidente Juan Orlando Hernández de llevar a los culpables a la cárcel, el crimen se mantiene impune, al igual que cerca del 96% de los delitos que se cometen en Honduras.
«Lo que vemos es que el gobierno pretende encubrir a los culpables de la compañía DESA», denunció Zúniga, quien advirtió que el Copinh, así como otras organizaciones sociales de Honduras y de distintas partes del mundo, seguirán realizando «acciones de resistencia pacífica» para exigir justicia por el crimen de su madre.