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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado salvadoreño se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado en El Salvador. La actividad fue desarrollada por la fundación PROBUSQUEDA y comités de madres y demás familiares de desaparecidos durante la guerra civil.
Los familiares de personas desaparecidas manifestaron que desde hace quince años han presentado diferentes piezas de correspondencia en las que solicitan tanto la aprobación de la legislación que repare su pérdida como la designación del 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, peticiones que hasta el momento no han recibido respuesta positiva por parte de los legisladores.
“La pieza para decretar el 30 de agosto como Día de la Desaparición Forzada se entregó en 2006 y desde ese momento venimos luchando por ello en la Asamblea Legislativa pero no resuelven nada, no es justo que jueguen con la dignidad de nosotras las madres, el Estado es responsable de las masacres y promotor de nuestro dolor”, dijo Sofía Hernández, madre de víctima de desaparición forzada.
Según PROBUSQUEDA, el Estado como parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) está obligado a cumplir con los principios proclamados por esa instancia mediante la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales destinados a promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas sometidas a su jurisdicción, sin discriminación de ninguna naturaleza.
En este sentido, los familiares de personas desaparecidas durante el conflicto junto a la fundación PROBUSQUEDA tomaron a bien recordar a los diputados de la nueva legislatura, la asignatura pendiente que ese órgano de Estado tiene en materia de derechos humanos.
“No se vale que un órgano de Estado tan importante haga a un lado sentencias nacionales e internacionales que no se cumplen, en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la Sala de lo Constitucional mandaba a la Asamblea Legislativa a tomar en el más breve plazo posible medidas para esclarecer la verdad y establecer reparación a las víctimas del conflicto armado”, expuso José Lazo, coordinador del área de incidencia de PROBUSQUEDA.
Lazo recordó que a dos años de la sentencia, los legisladores no han dado pasos para cumplirla, demostrando a su juicio que la agenda de derechos humanos de las víctimas está por debajo de otras resoluciones de tipo económico o político, como la inhabilitación de los diputados suplentes, las medidas contra el SITRAMSS y el préstamo por $900 millones.
Cabe destacar que la jurisprudencia en este tema es extensa y una de las herramientas más importantes de esta es la resolución de la ONU de diciembre de 1992, donde se proclamó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual considera en su preámbulo que las desapariciones de este tipo afectan los valores más profundos de toda la sociedad respetuosa del derecho, de los humanos y de las libertades fundamentales y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.
Los demandantes solicitaron a la Asamblea Legislativa que se retome la discusión para decretar el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada.
