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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“Yo le pido y ruego al señor presidente que, por favor libere a los inocentes, no estamos hablando de delincuentes, yo le ruego de corazón, como madre, la liberación de mi hija”, es la petición que hace Nora Emperatriz Romero de Sánchez al presidente de la República, Nayib Bukele, sobre su hija, Clara del Carmen Romero, detenida bajo el régimen de excepción el pasado 1 de junio en la Colonia San José en Soyapango.
“Ella (Clara) estaba en su casa, a hacer cena iba para sus tres hijos y su esposo, y cuando de repente la Policía tocó la puerta y dijeron que se la iban a llevar por el regimen”, relató la madre en las afueras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que Raquel Caballero de Guevara abogue por los inocentes detenidos por el régimen.
Al siguiente día de la detención, la madre fue al penal de Ilopango a preguntar sobre su hija, el agente policial le dijo que fue por una llamada anónima que se la llevaron, el agente le recomendó que contratara un abogado, “pero yo le dije que no tenía dinero para contratar a un abogado” por lo que dejó el caso a un abogado público.
Ese mismo día en que se llevaron a Clara también capturaron a su compañero de vida, quien laboraba en la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de San Salvador (BINAES). Nora Emperatriz fue al lugar de trabajo a solicitar una constancia de trabajo para presentarla a Centros Penales; sin embargo, las autoridades penitenciarias no se la tomaron en cuenta.
El esposo de Clara ya cuenta con una carta de libertad; sin embargo, esta no ha facilitado su liberación por parte de las autoridades penitenciarias. Ambos siguen detenidos y dejaron a terceras personas el cuidado de sus 3 hijos; los derechos de los menores son violentados, ya que no cuentan con el cuidado de sus padres, esto tomando en cuenta que fueron capturados injustamente.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción se presentó la mañana de este jueves ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar a la titular, Raquel Caballero de Guevara, abogar por los detenidos injustamente.
Se concentraron en la Plaza José Martí en Don Rúa, para caminar unos metros hacia la institución que “vela” por los derechos humanos de la ciudadanía. Sin embargo, esta entidad no ha cumplido su principal función, aseguraron los familiares de detenidos injustamente.
A la PDDH, MOVIR entregó un informe general de la situación que viven los familiares. Pidieron a la procuradora que utilice su cargo para inspeccionar sus casos.
“Nos hemos cansado de no escuchar ninguna posición sobre las violaciones a derechos humanos. Su papel es velar por la defensa de los derechos humanos de la víctima, no ser una tapadera de las violaciones a derechos humanos”, comentó el coordinador de MOVIR, Samuel Ramírez.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 luego de un repunte en los homicidios; sin embargo, este se ha utilizado para cometer violaciones a derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas.
MOVIR tiene por lo menos, 2 mil casos registrados de personas capturadas que nada tienen que ver con pandillas. El mismo Gobierno también ha revelado que ha liberado a más de 7 mil personas capturadas en el régimen de excepción que no tenían vínculos con pandillas.
El martes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la vigésima prórroga al régimen de excepción, esta medida continuará “hasta que el último pandillero” sea sacado de la sociedad, según argumentan las autoridades de Gobierno. En la práctica, ha servido para cometer abusos de autoridad, como los militares y policías que han amenazado a los ciudadanos con capturarlos si no realizan lo que ellos quieren.
