Gloria Silvia Orellana @DiarioCoLatino “ Nosotros creímos que el caso de El Mozote y sitios aledaños iba a continuar donde lo dejó el Juez (Jorge) Guzmán, que estaba casi en la etapa de plenaria y elevarlo a la vista pública”, expresó, Oscar Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. “En este proceso judicial hubo avances, pero después del cambio del juez Guzmán, hay un atraso de casi de un año, la jueza (Mirtala Portillo de Cruz) ha estado conociendo el caso, ha tomado otros testimonios y pedido un nuevo registro de víctimas, y eso realmente ha paralizado el caso”, argumentó Tobar, al evaluar la situación del proceso judicial en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Fue un combinado militar proveniente de tres destacamentos de la zona oriental del país, junto al batallón élite Atlacatl, que era dirigido por el coronel Domingo Monterrosa, con autorización del Alto Mando del Estado Mayor, quienes fueron los artífices de la muerte violenta de alrededor de mil personas de población civil en el caserío El Mozote, Cerro Pando, La Joya, Los Toriles, Jocote Amarillo y Cerro Ortiz, hecho ocurrido en la segunda semana de diciembre de 1981. Este grupo de masacres simultáneas en el municipio de Meanguera, Morazán, ha sido considera por analistas internacionales como la más “nefasta y mortífera” en la historia moderna de la que se tenga conocimiento, porque terminó con la vida de más de mil personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores de esa zona en el marco del conflicto armado interno de El Salvador. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, iniciaron su peregrinaje por justicia y reparación desde el año 1990, cuando interpusieron su denuncia por este crimen colectivo acompañados por la doctora María Julia Hernández y su equipo de abogados en ese momento cuando fungía como directora de Tutela Legal de Arzobispado. Los sobrevivientes recibieron el primer revés cuando el 1 de septiembre de 1993 fue paralizado el proceso judicial de la masacre tras la aprobación de la Ley de Amnistía, impulsada por el órgano Ejecutivo en la administración de Alfredo Cristiani, y decretada por el órgano legislativo, y el silencio cómplice del órgano Judicial. Esta situación de impunidad terminó en septiembre de 2016, tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que deroga la “Ley de Amnistía”, y dio un renovado sentimiento de esperanza a la justicia para las víctimas, y que concretó el Juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera Morazán, en septiembre de 2018. En ese momento lo tutelaba el Juez Jorge Guzmán Urquilla, quien dio reapertura al caso de El Mozote y sitios aledaños para llevar ante los tribunales de justicia al Alto Mando Militar de esa década, por lo que lleva 5 años el proceso judicial. Sobre las acciones de la jueza Mirtala de Cruz, el presidente de la APDHEM, dijo que junto a los abogados (Tutela Legal MJH/ CRISTOSAL) , le sugirieron a la magistrada una depuración de la lista general. “Hemos tenido sorpresas de ese listado porque hay personas que estaban de dos meses de nacida cuando fue la masacre, otras son personas ya fallecidas y otras que ya habían salido de la zona cuando ocurrió la masacre de El Mozote”, afirmó. “Los abogados y nuestra asociación propuso que se hiciera un listado de personas que puedan acudir al juzgado y dar un testimonio que son personas que vivieron esto. Pero ella (la jueza) lo ha tomado a su manera -entonces- hemos dejado que lo continúe como ella quiera”, acotó Tobar. Asimismo, expresó que “no le sorprenden” las últimas peticiones y estrategias de los abogados y de los mismos militares imputados en el caso tratando de retardar el proceso judicial. Desde el inicio de la judicialización de la Masacre de El Mozote, han tratado de “retrasarlo” y no someterse a juicio por este crimen de Lesa Humanidad, agregó. A lo anterior se suma el apoyo que han recibido los militares por todos los gobiernos de turno que no han permitido la apertura de archivos militares que aportarían pruebas del operativo militar en la zona y quiénes dieron las órdenes de ejecutarlo, reprochó Tobar Claros. “Sabemos que ellos tienen la estrategia que mueran todas las víctimas que ya están ancianas y también algunos testigos. Y eso lo hacen con la idea de quitarle validez al proceso -que es difícil- que nieguen lo que ocurrió en El Mozote. Son tantas pruebas científicas, técnicas y testimonios que no es posible negarlo, creemos que ya puede llevarse a una vista pública y juzgar a los militares imputados”, indicó. “Solo esperamos que la jueza sea consecuente, porque no negamos que se ha portado bien con las víctimas, pero no necesitamos solo eso, sino que lleve el caso a su etapa final, eso necesitan estas personas que pusieron su demanda en 1990, y aún esperan justicia y una de las cosas más difíciles en el caso ha sido el tema judicial, porque siempre hubo personas y gobiernos que tratan de poner trabas al proceso, pero seguiremos demandando justicia”, reiteró Tobar. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y querellantes en el caso de El Mozote, fue contundente al confirmar que este proceso va en “cámara lenta”, al señalar que la jueza Mirtala de Cruz detuvo el impulso que venía desempeñando el Juez Jorge Guzmán, en el caso que estaba a punto de elevarlo a Vista Pública. “En esto -claro- puede alegar criterios jurídicos y en la forma que cada juez maneja sus casos, pero la experiencia de él (Juez Guzmán) es distinta a la de ella, el juez tenía cinco años de conocer el caso de la Masacre de El Mozote, por esto considerábamos que el Juez Guzmán tenía más peso en cuanto al conocimiento y manejo del caso”, sostuvo. Para el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, al realizar este nuevo registro de víctimas y retomar otros testimonios, se convierte en alargar los tiempos del proceso judicial. Lamentando, que pese a las pruebas científicas, técnicas y testimonios contundentes”, para elevar a plenario el caso, se alargue en la aplicación de justicia, un retardo que no merecen las víctimas. “Estas diligencias suponen meses para este año, pese a creer que hay suficientes elementos para sentar a los militares que estuvieron en puestos claves y decir si están o no condenados. Además en estos últimos meses y años han estado muriendo muchos miembros de ese Alto Mando y lamentablemente también las víctimas”, expresó Díaz. En cuanto a las peticiones de algunos imputados como el exministro de la Defensa, José Guillermo García, que peticionó estar presente en las diligencias judiciales de la masacre de El Mozote, a sabiendas que se encuentra internado en un hospital privado, opinó que solo era una medida para retrasar su juzgamiento. “Todo lo que sucede en estos casos es una táctica dilatoria con una intención global del Estado de tener los casos estancados. Ya sea restándole recursos a la Fiscalía General de la República, que sabemos que tiene más de 200 casos sobre crímenes de lesa humanidad”, afirmó. “Entendemos que el único caso que tienen y que había avanzado es El Mozote, y el caso de los Periodistas Holandeses, en donde coinciden los imputados, pero todo esto se invisibilizó con la decisión de la jueza de darles captura a los militares. Estamos claros, el Estado no está de acuerdo que estos casos obtengan justicia y el sistema judicial contribuye al cambiar los jueces que llevaban este tipo de casos”, sostuvo Díaz. El jurista consideró que a todo este contexto de obstáculos y retrasos en materia judicial e investigación, se suman otros elementos como el decreto de Régimen de Excepción que lleva 9 meses de vigencia y que ha impactado a la población rural ante la “represión militar”. “El temor y terror de la gente con este Régimen de Excepción es fuerte y cito el caso de los jóvenes capturados en el Bajo Lempa, quienes hicieron una recreación de la memoria histórica y luego los soldados más tarde, van a capturar, reprimir y fueron sacados de sus casas eso es grave”, señaló. “Consideramos que solo significa que la línea estatal y el ejército han hecho un pacto y, es no dejar que estos casos (Memoria Histórica) tengan justicia y mucho menos la verdad de estos trágicos eventos. ¿Qué nos queda?, luchar porque siempre habrá este tipo de tácticas, solo queda estar preparados para lo que pueda suceder”, puntualizó Díaz.