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Redacción Nacionales
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Familiares del personal de Salud que murieron en la atención al COVID-19 pidieron audiencia al titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, para que el Estado les reconozca sus justos derechos, entre ellos, ser incluidos en la compensación económica sin restricciones de fecha y si fue empleado del sector público o privado.
Abigail Ávalos, esposa de un empleado del hospital Saldaña, que murió por COVID-19, pidió el cumplimiento de la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para familiares del personal de Salud, pues el decreto 723 entró en vigencia el 24 de septiembre de 2020, reconociendo a los fallecidos entre el 14 de marzo al 23 de julio de 2020.
“Hasta hoy no nos han dicho nada concreto de ese decreto, he ido a la dirección del hospital Saldaña y solo dicen que se debe esperar la notificación, vine la semana pasada al Ministerio de Salud a preguntar y me informaron que se les estaba aportando la ayuda a las personas fallecidas desde agosto de 2020, pero mi esposo murió el 10 de junio del año pasado, por lo cual no era incluido”, detalló.
Externó que después de la muerte de su esposo la situación económica y emocional ha sido difícil, y departe del Estado no han recibido atención psicológica que les permita un abordaje integral en salud; además, se vio en la necesidad de iniciar un negocio de antojitos para solventar los gastos de ella y sus dos hijos, uno de 16 y otro de 17 años.
“Con la muerte de mi esposo ahora me toca pagar médico privado, por ser beneficiaria de él antes tenía Seguro Social hoy ya no lo tengo; hemos tenido muchas limitaciones para ir saliendo de otros gastos más importantes. Psicológicamente también nos ha afectado, todavía tenemos miedo, preferimos no salir y permanecer en casa”, afirmó la afectada.
Según Laura Laínez, esposa de un médico neurocirujano del hospital San Rafael, de Santa Tecla, quien murió por Covid-19 en 2020, la persona encargada de recibir la nota en el Ministerio de Salud solamente les dijo que serán llamados aproximadamente en tres semanas, porque no saben ni están enterados sobre el decreto, el monto de ayuda económica a cada familia, ni mucho menos la cantidad de personal de Salud fallecidos en la atención de la pandemia.
“Es preocupante que ellos no tienen idea del decreto 723 porque es un derecho ganado, el Ministerio de Salud ya debería saber quiénes son las familias afectadas, pero estamos abiertas a la solución de la problemática. Ellos tienen desconocimiento tanto del decreto como de las fechas”, manifestó Laínez.
Las 203 familias del personal de Salud fallecido en la pandemia también solicitaron al gobierno la construcción de la plaza ecológica conmemorativa, una propuesta es que sea enfrente del Hospital Nacional Rosales, a la par de la Rotonda, cediendo una franja del terreno del antigua Hospital de Maternidad.
Asimismo, hicieron un llamado para crear un fondo especial con el objetivo de apoyar los estudios de secundaria y universitarios de los hijos del personal de salud muertos en la atención del Covid-19.
