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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Me llamo María Elsa Rauda de Arévalo, soy la madre de Oscarito, el desapareció el 7 de enero, a las 24 horas. Fui a la Policía (Nacional Civil), donde solo me llenaron los papeles y no he tenido ninguna comunicación. El investigador que me pusieron solo me dijo -su hijo está muerto, ya no lo busque-”, dijo antes de romper en llanto.
Oscar Alexis Arévalo Rauda, de 19 años de edad, fue visto por última vez, por su madre, en la casa de habitación que compartían en Cumbres de San Bartolo, municipio de Ilopango, cuando se despidió de él a las seis de la mañana antes de partir hacia su trabajo.
Ahora, María Elsa busca a su hijo todos los días y en distintos lugares, pese a las dificultades económicas, porque a raíz de la desaparición de Oscar, el agente investigador de la Policía Nacional Civil le recomendó también abandonar su hogar, y frente a esa situación decidido integrarse en el “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, para obtener una respuesta de las autoridades de seguridad y justicia.
“De Cumbres (de San Bartolo) no ha salido mi hijo, -allí está- eso que me dijeron que mi hijo estaba muerto, me ha dolido, a mí como madre de Oscarito, pero tengo fe que voy a encontrar a mi hijo, sea vivo o muerto”, expresó.
“Porque mi hijo es sagrado para mí, me dejó lavada mi ropa y la de él; me duele tanto, mi hijo tan bello, cuando llegaba de trabajar me decía -madre ya viene- (rompe en llanto), pero yo le pido a Dios, y le dejo a esas personas (que lo desaparecieron) y pienso como hijo estará sufriendo, pero primero Dios, tengo que hallarlo con la asociación que estamos aquí”, expresó.
El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador está conformado por familiares, amigas, amigos y personas solidarias que enfrenta la dura realidad de un “familiar desaparecido”. Entre sus objetivos esperan obtener una respuesta integral y ágil por parte del Estado salvadoreño.
Ana Miriam Elizondo, cuya hijo desapareció hace 11 años, señaló, en su declaración, que como Bloque de Búsqueda esperan motivar a las autoridades policiales, fiscales y judiciales a cumplir con sus obligaciones constitucionales y dar respuesta a este fenómeno social, que enluta a miles de familias salvadoreñas.
“Los familiares quenos encontramos en la búsqueda de personas desaparecidas nos enfrentamos a la indiferencia de las autoridades, quienes en muchas ocasiones nos discriminan y estigmatizan por los lugares de procedencia”, dijo.
“El clamor de justicia no es escuchado, lo que implica redoblar esfuerzos y recursos en la realización de la tareas de búsqueda por cuenta propia y poner en riesgo nuestra vida y nos expone a nuevos hechos de violencia”, reafirmó Elizondo.
Josué Eleazar Elizondo desapareció a sus 14 años, el 4 de junio de 2011, hijo de Ana Miriam, quien aseguró que ha buscado respuestas en la Policía Nacional Civil, Medicina Legal y Fiscalía General de la República, sin haber obtenido ninguna respuesta.
“Las acciones de búsqueda son responsabilidad de las autoridades, quienes deben emprenderlas de manera pronta con el fin de encontrar con vida a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables garantizando el derecho a la verdad y la justicia para que estos hechos no se repitan”, reafirmó Elizondo.
Mientras, la desaparición de Cristian Joel Mejía Quezada, de 28 años, cobrador de ABANK, sucedió cerca del cementerio municipal de San Martín, San Salvador, el lunes 10 enero, y solo saben, que fue rodeado por la pandilla que delinque en la zona, quienes lo privaron de libertad mientras realizaba su trabajo. Lo único que saben los familiares es que encontraron la motocicleta que le entregaron en el trabajo totalmente quemada.
Santiago Quezada, hermano de Cristian Quezada, señaló, que como familiares, enfrentan serios obstáculos de información y cierta displicencia en agilizar las investigaciones sobre las personas desaparecidas.
“No existen cifras exactas y confiables sobre el número total de personas desaparecidas en el país, lo que representa un obstáculo más para dimensionar la realidad del problema y los impactos que sufren las víctimas y los familiares”, afirmó.
“Como familiares tenemos el derecho de conocer la verdad acerca de las circunstancias de la desaparición y paradero de nuestros seres queridos, para ello es indispensable generar condiciones para que las familias podamos denunciar , recibir un tanto digno y contar con la información necesaria, es importante fortalecer y humanizar los servicios de la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal”, alegó Quezada.
La denuncia puntual del fenómeno de personas desaparecidas en el país ha generado diversas reacciones de resquemor por parte de las autoridades gubernamentales, que se esfuerza en defender el Plan Control Territorial (PCT), que ha contado con fuerte financiamiento que ronda los 575.2 millones de dólares, para su ejecución y expansión en el territorio nacional.
Para Zayra Navas, abogada de CRISTOSAL, la fundación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador es una reacción de los familiares de personas desaparecidas, ante la falta de respuesta de las autoridades policiales y de seguridad.
“Están presenciando un esfuerzo muy grande, muy humano de las víctimas que se han organizado para la búsqueda de sus familiares y es un llamado fuerte a las autoridades a cumplir con sus deberes estatales de investigar e informar a las familias”, señaló.
“Escuchamos testimonios muy fuertes de familiares -que dicen – que han buscado durante varios años o meses a sus hijas o hijos y no han recibido respuestas. Y las autoridades están en el deber de informar sobre el paradero, sobre los avances de la búsqueda directamente a los familiares”, consideró Navas.
En cuanto a este fenómeno y la información oficiosa y pública, Navas sugirió que la población y los medios de comunicación deberían tener acceso puntual a esta problemática para ir buscando respuestas integrales y otro tipo de tácticas para abordarlo.
“Las autoridades deben decirle a la prensa y población, sobre las estrategias, las políticas y mecanismos que están siguiendo para la búsqueda, para la atención de las familias afectadas y determinar quienes son los responsables de estos hechos. Y lo más importante, si encuentran a la persona desaparecida, informar sobre las circunstancias en que fue encontrada”, indicó.
“Hemos sabido en los últimos meses de personas que han encontrado fosas clandestinas, pero lamentablemente, las familias siguen con la expectativa o la esperanza de saber -si esos restos humanos- son su hijo, su hermano, su primo”, prosiguió Navas.
La abogada pro derechos humanos aclaró que la información que piden para los familiares, no será de detalles de la investigación penal, aunque observó que es justamente la “excusa” que presentan las autoridades gubernamentales.
“La información debe ser entregada de inmediato y la PNC y fiscales deben estar de manera permanente en contacto con la familia que busca a un familiar. Y también, deben informar a toda la población salvadoreña, sobre los registros de personas desaparecidas, las circunstancias de su desaparecimiento y si fueron encontradas ¿Cómo fueron encontradas?, garantizando información suficiente”, sostuvo.
En cuanto a las cifras de desaparecidos, la abogada lamentó que la información de la Fiscalía General de la República, que recibieron como organización, previamente solicitada vía acceso a la información pública se estuviera “distorsionando”, donde reportan 191 casos en total para 2021, y utilizando una nueva categoría la “ausencia voluntaria”.
“¿Qué es esto de ausencia voluntaria?”, si el mismo reporte señala a más de 16 personas muertas, como una persona se va ausentar voluntariamente y falleció, es tal que entre las personas desaparecidas voluntariamente y desparecidas hacen un total de 1,191 casos de lo que hemos estado hablando para el 2021, pero ahora nos dicen que desparecidos solo son 359”, sentenció.
“Nos parece un irrespeto a las familias que están buscando y es un irrespeto a la población salvadoreña y es por el deseo de dar una sensación de seguridad. Las víctimas, familiares y la población están viviendo el fenómeno de la desaparición, algo sumamente grave, así que las autoridades deben cumplir con su responsabilidad de atender de manera directa a las víctimas”, aseguró.
Recordó, además, la reunión que en octubre del año pasado realizaron diversas organizaciones de derechos humanos en la audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado salvadoreño, en donde la Fiscalía reportó 1,191 casos de desapariciones, por lo que cuestionó la falta de actualización de las cifras de noviembre a diciembre del 2021.
“Este año no tenemos información exacta de los casos, solo contamos con las cifras de las denuncias de los familiares que están presentes. Aquí es importante que determinen y cumplan el Protocolo de Acción Urgente para la investigación de personas desaparecidas y cumplas las responsabilidades que asumieron como autoridades porque se agregó el delito de -desaparición de personas- y entró en vigencia en 2019 ”, sostuvo.
Asimismo, criticó la decisión de las autoridades de agregar la categoría de “ausencia voluntaria”, a la que atribuyen -por ahora- el mayor número de casos de desapariciones que son casi los 800 casos, sin embargo, Navas, recalcó que no explican este concepto de ausencia voluntaria, cómo pueden terminar en sus reportes oficiales como persona fallecida.
“La característica de un delito es precisamente el dolo, o sea, la intención de generar daño, entonces, no puede ser voluntario y un delito, con mucho respeto al ministro (Gustavo Villatoro), me parece un gran desacierto jurídico estar hablando de incorporar una reforma a la legislación incluyendo una disposición legal, que más parece que están tratando de evadir su responsabilidad de investigar y sancionar en este tipo de delito”, puntualizó Navas.
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