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Tegucigalpa
Familiares e indígenas del oeste hondureño exigieron la aplicación de la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ejecutada hace dos años por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en un río.
«Solo han agarrado a los gatilleros pero no a los autores intelectuales» del crimen, dijo a la AFP la madre de la ambientalista, Austra Berta Flores, frente a las oficinas del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa.
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y agrupaciones de la sociedad civil se aglomeraron frente al edificio público, en la exclusiva zona de Lomas del Guijarro, en el este de la capital, en la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de la ambientalista.
«Berta no murió, Berta se multiplicó en millones», cantaban cerca de un centenar de personas, según estimaciones de la prensa, que llegaron a acompañar a la madre, hija y hermanos de la asesinada coordinadora del Copinh.
«¿Por qué no han capturado a los responsables del asesinato de Berta Cáceres?», se leía en una de las pancartas.
Flores se quejó de que el fiscal general, Oscar Chinchilla, se ha negado a recibirla, pese a que después del crimen ella le envió una nota pidiendo una comisión internacional que investigue el asesinato porque duda que la justicia hondureña funcione ante los poderosos que mandaron matarla.
«Hay más pruebas contra varios socios de la empresa energética que contra algunos de los detenidos», aseguró por su parte Salvador Zúniga, exesposo de Cáceres y padre de los cuatro hijos que dejó.
Ocho sospechosos han estado detenidos, al menos cuatro de ellos empleados de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una compañía señalada reiteradamente por la dirigente indígena lenca de amenazarla de muerte.
Este viernes, la Fiscalía informó en un comunicado que agentes policiales «han efectuado la captura del noveno implicado en el crimen de la ambientalista».
«Se trata del ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía por el delito de asesinato como autor intelectual en perjuicio de Cáceres y quien en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de DESA», añadió.
Según la Fiscalía, Castillo fue «el encargado de proporcionar la logística y otros recursos de los autores materiales ya procesados».
La ambientalista, que murió a los 44 años, encabezó bloqueos en la calle en protesta por la construcción por parte de DESA de una represa del proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque, que baña el montañoso territorio de sus comunidades.
Cuando pistoleros llegaron a matarla a su casa, en la comunidad de La Esperanza, al oeste del país, entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016, Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, debido a las amenazas.
Ejecutivos de DESA han rechazado, mediante comunicados, su participación en el crimen.
