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Alessia Genoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, ex titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), se encuentra en el centro de una controversia que involucra más de $500 mil dólares y una red de acusaciones por “actos arbitrarios, peculado, falsedad material y cohecho impropio”. Tras dos años de prisión preventiva, el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador decretó medidas alternas a la detención, pero la Dirección General de Centros Penales aún no cumple la orden judicial.
La organización de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denuncia a la administración pública por Actos Arbitrarios, Desacato Judicial y Privación de Libertad. Ivania Cruz, representanta de la organización, destacó a Diario Co Latino la urgencia del tratamiento médico para Ramírez Landaverde, quien es diabético con problemas respiratorios. En ese sentido, exigieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que examine el caso.
La organización exige a la PDDH examinar el caso. ¿Cuál es el motivo de esta solicitud y qué esperan lograr con ello?
Hemos solicitado ante la PDDH que dé respuesta al escrito presentado por el mismo Mauricio Ramírez en relación a una denuncia, de fecha 5 de octubre de 2021, que a la fecha no existe trámite que se haya diligenciado, además de pedir que se realice un informe de la verificación de su condición adentro del centro penal Mariona, como también pedir solicitud del porqué la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no quiere cumplir, aparte de detectar las violaciones de derechos humanos que se están infringiendo
¿Por qué COFAPPES pide la liberación de Mauricio Ramírez Landaverde?
Las principales razones es cumplir una orden judicial, no es algo opcional o de exigencia. Es la legalidad, el debido proceso que se debe respetar a todo ciudadano que se enfrenta a la justicia. Si existe orden de libertad, la pregunta sería por qué funcionarios del Gobierno no cumplen. ¿Por qué aún no dan explicaciones de los motivos por los cuales tienen retenido a Mauricio Ramírez y Ramón Roque?
¿Cuáles son los delitos que la administración pública está cometiendo en perjuicio de los exfuncionarios, al no cumplir con las medidas alternas a la detención ordenadas por el juzgado?
Los funcionarios del Gobierno, al no cumplir, están cometiendo delitos de desacato judicial, Actos Arbitrarios y Privación de Libertad.
En relación con la salud de Mauricio, ¿cuáles son las preocupaciones específicas que tiene COFAPPES?
Mauricio Ramírez tiene padecimiento de enfermedades crónicas como diabetes; durante todo este tiempo, nunca se ha permitido alguna cita médica externa, solo al interior de Centros Penales los cuales sabemos que no existe atención oportuna y (hay) desabastecimiento de medicamentos.
¿Cómo evalúa COFAPPES la situación de los 21 acusados en el Caso Asocambio y cuál es su posición respecto a la orden de libertad provisional?
Siempre hemos manifestado que el Caso de Asocambio es producto de la persecución política, cuando sin pruebas fabricaron la acusación ya que existía auditorías de ese tema, del cual no existieron anomalías penales. Asimismo, la voluntad de Mauricio de siempre colaborar en el proceso, cuando siempre se presentó voluntariamente y no la fuerza, descartando cualquier peligro de fuga.
En cuanto a las acciones concretas, ¿qué se está planeando para presionar por la liberación y el respeto a los derechos de los detenidos?
Entre las acciones que hemos realizado son: 5 de enero de 2024 pedir a la DGCP respuesta por la falta de cumplimiento a la orden judicial. Este día, 22 de enero, solicitud y denuncia a la PDDH y la otra semana presentación de Habeas Corpus.
¿Cómo ve la organización su papel en este proceso y cuáles son sus objetivos específicos en la defensa de los derechos de los detenidos?
Sin fundamento las acusaciones, el contexto de las capturas fue precisamente lleno de discursos del Gobierno de odio a opositores en medio de una propaganda de supuesto combate a la corrupción. Ahora que están en el Gobierno funcionarios corruptos como Osiris Luna, entre otros, protegen en vez de denunciar. Es un discurso doble moral, donde aplica según la conveniencia.
Finalmente, ¿cómo COFAPPES planea dar seguimiento a la evolución de este caso y qué medidas tomará en el futuro cercano?
Estamos haciendo la denuncia y recursos nacionales, agotando estas vías, independiente de los resultados. Porque en un país que no da confianza y falta de Estado de derecho es frustrante para la familia y el Comité no tener respuesta, por lo que nuestra otra vía es la denuncia internacional.
