Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Familiares de personas detenidas injustamente en el marco del régimen de excepción marcharon esta mañana para denunciar las violaciones a los derechos humanos que las autoridades han cometido a un año de haberse impuesto la medida.
Ayer lunes, se cumplió un año de que la Asamblea Legislativa otorgó al Ejecutivo un régimen de excepción para supuestamente combatir «frontalmente» a las pandillas. Con dicha herramienta constitucional suspenden: la libertad de reunión y asociación, el derecho a defensa, la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones y se extiende el plazo de detención administrativa.
Los familiares aseguraron que llevan meses sin saber de sus familiares, incluso parece ser que el Estado «los ha secuestrado».
El MOVIR sostuvo que a la sombra del régimen, el cual «parece permanente», se ha incurrido «en toda una serie de agresiones y violaciones en contra de la población que nada tienen que ver con las pandillas causándole graves estragos y traumas a miles de víctimas inocentes y sus familias como resultado del sistemático accionar arbitrario, vejatorios, negligente y deliberado abuso de poder en muchos de los casos de capturas sin existir siquiera un mínimo indicio de la participación o vínculo de muchas de las personas capturadas».