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Redacción Nacionales
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La familia de Rafael Romero pide su pronta liberación, luego de ser capturado en el aeropuerto Monseñor Romero cuando se disponía a viajar a Estados Unidos, con una visa temporal de trabajo otorgada por el programa de USAID El Salvador, después de un proceso de aproximadamente ocho meses donde pasó muchas pruebas e investigaciones.
El joven originario de Sensuntepeque, Cabañas, es músico, fotógrafo y tiene su negocio de stickers y publicidad, además, fue secretario de la alcaldía de Nuevas Ideas en su municipio; es acusado por las autoridades de agrupaciones ilícitas.
“Mi hermano es una persona trabajadora que salió en la madrugada con una sonrisa a tomar su vuelo por la oportunidad que se le había dado y le truncaron uno de sus sueños. Pido por favor, se unan con sus oraciones para que se pueda hacer justicia con mi hermano”, expresó Mario Romero, hermano del joven capturado.
El detenido fue trasladado a la delegación de la PNC de Zacatecoluca, La Paz, donde debía brindar información sobre miembros que trataban con droga, sin embargo, Romero afirmó desconocer de qué personas se tratan, pues no tiene antecedentes penales ni ha sido detenido nunca por ningún delito.
Otra muerte en presión
En redes sociales se publicó la información de la víctima 145 fallecida a golpes dentro de los centros penales, identificada como Sandra Arrevillaga, obrera capturada arbitrariamente hace un año bajo el Régimen de Excepción y recluida en Apanteos. Arrevillaga murió el pasado 19 de mayo de 2023, en el Hospital San Juan de Dios, Santa Ana. Era originaria de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que durante este año de la implementación del Régimen de Excepción han registrado más de 4,723 casos, que representan 5,082 víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos.
A un año del Régimen de Excepción con mucha prueba documental, pueden demostrar que el Estado salvadoreño, a través del gobierno tiene capturadas a más de 20,000 personas inocentes.
Socorro Jurídico Humanitario señaló que de las personas inocentes fallecidas dentro de los centros penitenciarios bajo la tutela del Estado, el 48% han sido por torturas y vapuleadas, un 36% debido a no recibir atención en el tema de salud y se les complicó su esquema.
Según las organizaciones sociales, las muertes que están ocurriendo en los centros penitenciarios pudieran estar vinculadas a las condiciones carcelarias, falta de atención médica, hacinamiento y malos tratos.
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