Familiares presentan escrito para derogar restricción de visitas de prisioneros

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Con una marcha, varias organizaciones de familiares de personas que han sido detenidas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción exigieron permitir las visitas a los prisioneros, además de pedir información del lugar de detención, así como la condición de salud de sus seres queridos. Estos son derechos reconocidos en la Constitución de la República, la Ley Penitenciaria y las normas internacionales, argumentaron.

“¿Están siguiendo la línea del presidente Nayib Bukele?, pues no se vale señores (procuradores), porque el régimen ya es inconstitucional. Y este no es un régimen de excepción, sino de represión, porque está quitándole los derechos a las víctimas”, dijo Alfredo Mejía, dirigente del MOVIR, frente a la Procuraduría General de la República.

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), el Comité de Víctimas de Régimen de Excepción del Bajo Lempa y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) presentaron un escrito en la Asamblea Legislativa para que los diputados estudien la petición de derogatoria de toda normativa que restrinja el régimen de visita familiar a personas privadas de libertad.

Mientras, la fracción de Nuevas Ideas se preparaba para dar sus votos por una nueva prórroga para el “estado de excepción”, utilizado como “política de seguridad pública” por la actual administración y que ha cumplido 2 años y 8 meses de vigencia.

“En mi caso, a mi hija la capturaron el 7 de abril de 2022, porque no llevaba su DUI en el momento que la detuvieron, y estaba cerca de casa – eso se llama- fraude procesal procuradores”, dijo Mejía.

El MOVIR hizo señalamientos de “falta de profesionalidad y empatía” con los familiares de los detenidos que buscan la manera de “probar que sus seres queridos no tienen antecedentes penales”, por lo que deben ser liberados.

“Aquí sólo hay gente campesina, gente humilde que no tiene como pagar un abogado particular -a parte, de los que nos han estafado-, y ustedes prestarse a eso, no se vale, eso es jugar con la dignidad de las personas, exigimos respeto y responsabilidad en su trabajo”, reiteró.

“Queremos que se articulen las instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comisionado presidencial de los derechos humanos, y trabajemos en una mesa para ver qué hacer. Son más de 2 años y medio y no han podido demostrar la culpabilidad de miles de personas, que están muriendo de desnutrición”, sostuvo Mejía.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó el mes de mayo, que la cifra de capturados en el marco del régimen de excepción ha llegado a las 80 mil 200 personas, una tasa de privados de libertad que alcanza los 1, 707 por cada 100 habitantes en el país.

Sobre la “incomuniación total de las personas privadas de libertad”, los colectivos refieren en su escrito que esto equivale a “una desaparición forzada”.

Y señalan “La escasa información que recibimos los familiares de quienes se encuentran recluidas es cuando entregamos los paquetes alimenticios, pero raramente nos informan de traslados a otros centros u hospitales, o si han fallecido”.

“Esto afecta también a los niños y niñas que tienen a sus padres detenidos, dado que al impedir la comunicación con sus padres afectan gravemente su desarrollo emocional y mental”, reiteran en el documento presentado en la Asamblea Legislativa.

Demandan a la PGR manejo transparente de los casos

Alfredo Mejía, en representación del MOVIR, pidió también una aclaración a los abogados públicos de la Procuraduría General de la República.

“Queremos que expliquen el porqué tomaron la iniciativa de tomar listados pidiendo Documentos Únicos de Identidad, números de teléfonos y luego se burlaron de las personas al llamarlos y decirles que estaba prohibido, y que era orden de allá arriba (Ejecutivo) ¿qué pasa procuradores?”, indicó Mejía.

“Y que no me diga ningún abogado ¿qué para que sacamos constancias de antecedentes penales?, si nosotros de qué otra manera vamos a demostrar la inocencia de nuestros familiares. Si se están muriendo antes que los condenen, antes de ser juzgados y sin probarles si son o no delincuentes”, expresó Mejía.

Mejía lamentó que muchas de las personas detenidas fueron “víctimas” de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que los capturaron y las reportaron por “asociaciones ilítcitas”, cuando ha sido de manera “arbitraria” e irrespetado los derechos elementales de la población sin antecedentes penales.

“Tenemos derechos como familiares y nos preguntamos ¿desde cuándo no hay visitas a centros penales?, y ¿desde cuándo se están muriendo personas inocentes en los centros penales y nadie se pronuncia?. Ninguna autoridad que se dedica a defender derechos ¿hasta cuándo señor procurador?”, espetó.

“Queremos la libertad de los inocentes, no a los juicios masivos que son genocidios, porque cómo van a vincular a 3 personas inocentes con alrededor de 40 o 50 personas de una clica (miembros de pandillas), ¿Acaso tenemos culpa de vivir en barrios pobres?, no señores, hemos sido víctimas de esa delincuencia y ahora somos víctimas de las instituciones del Estado”, acotó Mejía.

El escrito presentado por MOVIR, COFAPPES y Población del Bajo Lempa, exige que se levante la “restricción de las visitas” a fin de conocer el estado de salud de sus familiares, garantizando los derechos de la resocialización de las personas que guardan prisión, así como la reinserción a la sociedad y la protección de la familia.