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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nosotros, como familia, desde el 19 de enero que los capturaron no los hemos vuelto a ver . Y desde el 9 de marzo el abogado ya no ha vuelto a verlos tampoco, entonces, vemos con preocupación la falta de acceso como familiares y mucho más de su defensa”, afirmó Milton, hijo de uno de los líderes comunitarios de Santa Marta capturados.
El pasado 11 de enero , en Victoria, Cabañas fueron detenidos los líderes: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas de la Comunidad Santa Marta.
En el mismo momento fueron capturados los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas. Todos son defensores de derechos que cuentan con una trayectoria histórica de resistencia y lucha social contra la minería metálica, en defensa del medio ambiente y por los derechos sociales y económicos de su grupo poblacional. “Es bastante preocupante la captura de los líderes comunitarias porque de alguna manera termina impactando y generando miedo entre la població, y más que todo, por la forma en que se está llevando el caso (a nivel judicial) en donde se viene vulnerando el debido proceso”, manifestó Milton.
Dennis Muñoz, abogado defensor de los líderes comunitarios Santa Marta-ADES, presentó este 14 de abril una petición al Juzgado Quinto de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria de la Pena de San Salvador, en el que solicitar el acceso y verificación de la salud de sus representados.
“He solicitado tres cosas: la primera, en calidad de defensor particular de las personas detenidas en el caso de Santa Marta, pido tener acceso a ellos, para entrevistarlos y sentarme a hablar con mis defendidos que están privados de libertad desde el 11 de enero del presente año”, afirmó.
“Segundo, el motivo de la petición es también para que no se siga vulnerando -con ello- sus derechos como la presunción de inocencia y por supuesto, el derecho a la defensa técnica, porque es evidente se debe preparar la defensa en miras a la fase de investigación del caso”, acotó Muñoz.
El abogado consideró que podrían no otorgarle el permiso que ha solicitado, como lo hizo el Juzgado de Paz de Victoria, que el juez decretó injustificadamente detención provisional. Y luego, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, que también rechazó injustificadamente medidas sustitutivas al encarcelamiento. Lo que sólo generará más vulneraciones al debido proceso.
“Estoy solicitando también un informe y que se realice una inspección por parte del Juzgado de Vigilancia, para verificar si mis representados están vivos o conocer las condiciones en las que se encuentran”, argumentó el abogado defensor.
“Y la tercera petición es que tengan acceso a un peritaje médico para advertir ¿Cuál es su condición de salud?, y realizó esta última petición porque estamos en presencia de personas que padecen de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, asma y otras”, sostuvo el abogado defensor.
Sobre las irregularidades del proceso judicial, Muñoz mencionó que a cuatro meses de presentado el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) los derechos de los líderes comunitarios han venido siendo vulnerados sistemáticamente por el Sistema de Justicia y el ente fiscal.
“Al hacer cuentas de este proceso, luego de presentar el requerimiento fiscal en contra de mis representados (11 de enero), este fue presentado extemporáneamente, así como lo están haciendo con los casos del régimen”, afirmó.
“La Fiscalía no respetó las 72 horas (3 días para comparecer ante un juez), y eso solo significa que están aplicando normativas del régimen de excepción, cuando es un caso de hace 30 años y solo con esta acción ya existen vicios y yerros de nulidad absoluta por haberse vulnerado derechos y garantías constitucionales”, aseguró Muñoz.
Muñoz citó específicamente la vulneración al artículo 346, numeral 7 del Código Procesal Penal (CPP), al que se suman los artículos 11 y 12 de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El abogado calificó como un “limbo jurídico” la falta de una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la recusación de un magistrados que resolverían la apelación a las medidas de detención de los comunitarios que presentó la defensa en la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque, y que ha impugnado la Fiscalía General de la República.
“Estamos esperando, pero sabemos que hay un inseguridad jurídica y vulneración a que se resuelva su situación jurídica en ese punto. Mientras, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, no resuelva -ese incidente de recusación- seguiremos esperando que la Cámara resuelva la petición que se le presentó oportunamente”, explicó.
“Así como en estos casos que son del dominio público, comparo si a personas (militares) señaladas por la autoría de masacres (conflicto armado) les han dado medidas sustitutivas a la detención provisional, entonces ¿Por qué no a mis representados les dan las misma medidas, porque ellos no están siendo acusados de una masacre”, sostuvo Muñoz.
Dennis Muñoz expresó también como “grave” la falta de acceso a sus defendidos, porque ellos no están siendo juzgados en el marco del decreto del régimen de excepción lo que en un Estado de Derecho, sería suficiente para anular el proceso que les persigue.
“Tengo más de un mes de no tener contacto con ellos, a pesar de que ellos tienen el derecho a su defensa técnica – debo mencionar- el artículo 10 del Código Procesal Penal, que dice que la defensa es inviolable y en este caso es lo primero que están haciendo”, reiteró.
“Al tener una desconexión entre su defensor particular y mis defendidos, no podría contar con una estrategia de defensa, el ofertorio de testigos y otras informaciones, pero en este momento no existe nada de estas garantías”, explicó Muñoz. Milton, hijo de uno de los líderes comunitarios, reiteró “como decía el abogado, somos testigos de la violación del proceso judicial de ellos y nuestra preocupación es por la salud, porque ellos son mayores de 60 de años”, indicó, al considerar que el sistema de justicia, solo se encuentra alargando el proceso por otros intereses. “Declarar también el caso en reserva -es bien preocupante- porque si lo que buscan es esclarecer un hecho, como este del conflicto armado, debería existir un proceso público, y evaluar de forma transparente como se está llevando el caso por parte de las autoridades judiciales y fiscales. y al declararlo en reserva están violentando el derecho a esa información a la ciudadanía”, puntualizó Milton.
