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Hace 43 años sucedió la masacre de El Mozote, uno de los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto armado en El Salvador. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Familiares y organizaciones recuerdan a víctimas y siguen esperando justicia

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

En el Caserío El Mozote, al norte de Morazán, se desarrolló una actividad cultural y de memoria histórica, en la que se homenajeó a los cientos de personas que fueron asesinadas por el Batallón Atlacatl en 1981, al inicio de la guerra civil de El Salvador.

Es de recordar que el 11 de diciembre se cumplieron 43 años de la masacre de El Mozote, uno de los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto armado en El Salvador. Más de 900 personas, en su mayoría niñas y niños, fueron asesinadas por la FAES.

La Fundación Cristosal fue una de las organizaciones y la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Morazán (APDHEM) son las entidades que oganizaron las actividades. La actividad del sábado comenzó en Arambala, donde familiares y sobrevivientes se reunieron para rendir homenaje, antes de dirigirse juntos hacia El Mozote.

El Mozote no fue hecho aislado, sino una operación sistemática para eliminar comunidades campesinas bajo el argumento de apoyar a la guerrilla. Las víctimas eran civiles desarmados, que buscaban refugio en sus hogares, comentó la Fundación Cristosal.

La masacre se extendió por varios caseríos en Morazán: Yancolo, Cerró Pando y La Joya. Durante años, el Estado ha negado los hechos. Sin embargo, la verdad de las víctimas ha prevalecido.

Leonel Claros, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Morazán (APDHEM) dijo que el caso no puede quedar en la impunidad, “tenemos que buscar que se abra un espacio en este país para que puedan ser juzgados esas personas que cometieron esas atrocidades”.

Según las organizaciones sociales, son 148 familiares directos que han muerto desde que se presentó la denuncia original sin ver la justicia. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Claros lamentó que el Órgano Judicial no haya tenido la valentía para elevar a juicio el proceso penal en contra de ex altos mandos militares, acusados de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, espera que un día, haya justicia.

Alejandro Díaz de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, sostuvo que “en estos años desde 2021 se han hecho actos lamentables, por parte de la jueza Mirtala Portillo, acciones que están dilatando la justicia y se siguen haciendo acciones que revictimizan y para nosotros impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación”.

En ese sentido, David Morales, de Cristosal, hizo un llamado a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara para que supervise el accionar de la jueza encargada del caso de la Masacre, ya que dilata el proceso judicial y evita el acceso a la justicia y verdad de las familias de las víctimas.

“Tenemos dilaciones judiciales: 148 familiares directos han muerto desde que se presentó la denuncia original sin ver la justicia. Tres de los acusados, cómo máximos responsables, han muerto desde que el caso se reabrió”, comentó Morales.

Este año, durante la conmemoración, se hizo entrega de los restos de dos víctimas: José María Márquez y Sofía Márquez Pereira. La entrega floral estuvo a cargo del padre Rogelio Poncel, quien en su mensaje destacó: “No debemos perder de vista la meta, que es la justicia, para poder avanzar hacia el perdón y la reconciliación”.

La conmemoración incluyó actividades culturales, religiosas y reflexivas para recordar a las víctimas y fortalecer la memoria histórica, impulsando la exigencia de justicia para este y otros crímenes de lesa humanidad.

El conflicto armado salvadoreño se vivió desde 1980 hasta 1992, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, así como las víctimas y familiares de víctimas por la guerra civil han pedido desde décadas, una Ley de Justicia Transicional que garantice la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición, pero hasta el momento siguen estando en el olvido por el Estado salvadoreño.

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