Familias de 203 médicos fallecidos por COVID-19 piden compensación económica al GOES 

Yaneth Estrada

@caricheop

A más de un año de iniciada la pandemia por la COVID-19, un total de 203 familias de médicos, enfermeras y personal de primera líneas fallecidos aún esperan la ayuda económica prometida por el Gobierno de El Salvador(GOES). Así se conmemoran estas familias el Día del Médico en El Salvador.

Las familias piden que se haga efectivo lo que manda la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para familiares del personal de salud, contenida en el decreto legislativo 723, aprobado por la Asamblea Legislativa anterior, el 3 de septiembre y que entró en vigencia el 24 del mismo mes, beneficiando a las familias de los fallecidos entre el 14 de marzo y el 23 de julio del 2020, pues otorga una compensación por $30,000 a cada familia.

Los afectados con apoyo del Movimiento por la Salud “Salvador Allende”/ALAMES El Salvador, exigen al GOES cumpla la ley y otorgue el pago.

Negligencia y falta de equipo

«Solo le entregaron una mascarilla y unos guantes», relató Karina Artiga, sobrina de una médico fallecida por COVID-19. La doctora Ana Mejía estaba destacada en Santo Tomás, no dejó de asistir a sus pacientes, a pesar de las restricciones de movilidad durante la cuarentena domiciliaria obligatoria, contaba con más de 20 años de trayectoria atendiendo comunidades aisladas y de bajos recursos.

El Movimiento por la Salud «Doctor Salvador Allende», la Facultad de Medicina de la UES, la Fundación Share y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social El Salvador (ALAMES) registran a más de 215 especialistas fallecidos a causas del coronavirus, entre enero y diciembre de 2020. Estos datos no los reconoce el MINSAL, oficialmente.

El 23 de julio de 2020, el MDHUES denunció ante la población salvadoreña y la comunidad internacional, «el incumplimiento por parte del Gobierno de la República, a lo estipulado en la Sentencia 209- 2020 de la Sala de lo Constitucional, de fecha 18 de mayo de ese año, en la cual se le ordenó (por segunda vez) al Ministro de Salud, Francisco Alabí, «entregar a la brevedad posible el equipo de bioseguridad al personal que se encuentra trabajando con los pacientes positivos a la COVID-19». Sin embargo, esta sentencia fue ignorada y las denuncias de falta de equipo o equipo de mala calidad fueron silenciadas con amenazas de despidos.