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Oscar López
@OscarCoLatino
El desalojo de los habitantes de la comunidad El Espino continuó, está vez la maquinaria pesada entró a la comunidad para destruir los humildes hogares de las más de 70 familias que tardaron décadas en construir su patrimonio.
Pedro Manzano, síndico de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), denunció que en el tercer día del desalojo no se les permitió a algunas familias sacar sus pertenencias de las viviendas, por lo que corrían el riesgo de ser destruidas por la maquinaria pesada que llegó al lugar.
“La maquinaria está botando las casas que se desalojaron, no es correcto, la maquinaria ingresó a las 4:00 a.m. sin ninguna restricción por parte de la PNC, que están acatando las órdenes que da el abogado de los Dueñas y el juez”, enfatizó Manzano.
De igual forma, Manzano desmintió que a las familias alguna entidad gubernamental les haya entregado dinero para una nueva vivienda. “Mencionan que hay gente que tiene propiedades pero no existe un censo, por eso a nosotros no nos consta, ese tipo de mentiras son las que está dando el Gobierno y haciendo creer a la gente que nosotros somos los rebeldes, los caprichosos de estar en la zona cuando dicen que nos dieron una solución”. El síndico de la ADESCO comentó que a raíz de la orden de desalojo, la comunidad presentó tres propuestas a las autoridades correspondientes, de las cuales ninguna ha sido tomada en cuenta. No obstante, Roberto Góchez, titular del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, detalló recientemente que el programa definido para las familias de El Espino permite asignar $4 mil y $12 mil, que serían utilizados para adquirir un nuevo inmueble.
La incertidumbre para las familias inició cuando en 2009 el Gobierno intercambió propiedades con la familia Dueñas, ya que necesitaba una porción de tierra propiedad de la familia antes mencionada para la construcción del bulevar Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Por lo que en julio de 2014 los Dueñas interpusieron una demanda contra los habitantes de la comunidad por invasión de propiedad privada. El 9 de junio de 2015 se dio a conocer el fallo en el que se estipulaba que los pobladores tenían que desocupar el terreno.
A partir de entonces se ha intentado el desalojo de las familias en diversas ocasiones. Sin embargo, los habitantes de la zona han utilizado diversos recursos, como apelaciones, demandas o manifestaciones, para obtener una prórroga de la sentencia y que no se vieran en la obligación de desocupar sus viviendas.
