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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Con entradas y salidas cerradas con cinta amarilla, así amaneció la comunidad El Espino el miércoles. La desesperanza invadía a los habitantes de la zona, quienes a las 9:00 a.m. solo tenían sospechas de un posible desalojo.
Cerca de las 10:00 de la mañana, escuadrones de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) avanzaban en la calle principal para materializar la orden de desalojo emitida desde hace meses, por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, luego que la familia Dueñas Herrera interpusiera una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades.
Invasoras de propiedad privada, así fueron declaradas más de 60 familias del cantón El Espino, en 2015 cuando fue emitida la instrucción de desalojo, la cual se ha ido postergando.
Las instituciones del sector vivienda: Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Fondo Nacional de Vivienda Popular y Fondo Social para la Vivienda, informaron hace unas semanas que distribuirán dos tipos de ayuda, en las que se incluyen las facilidades para la adquisición de una vivienda de interés social a los afectados por el desalojo. Un total de $764,000 ha informado el gobierno salvadoreño que distribuirá a las cerca de 73 familias que viven en la comunidad. “$12,000 serán otorgados a las familias que no cuenten con ningún inmueble fuera de la finca El Espino, y $4,000 para quienes se les comprobó que poseen alguna propiedad”, detalló.
Sin embargo, la resignación invadió a los habitantes al visualizar cómo retiraban las láminas que formaban su vivienda y sus pertenencias eran sacadas a la calle. Amílcar Campos, quien tiene más de 30 años de vivir en la comunidad, afirmó que no se opondrían al desalojo pero que confían en Dios que recibirán una solución favorable lo antes posible a la problemática que enfrenta junto a sus vecinos.
