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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea denunció que aproximadamente 70,000 familias podrían salir afectadas con el proyecto Tren del Pacífico, por lo que temen ser desalojadas de los lugares que por años han sido sus hogares, vulnerándoles sus derechos humanos y seguridad jurídica.
Francisco Aragón, representante de la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea, dijo que hasta el momento no han recibido ninguna información de las instancias del gobierno, donde se les comunique cuál será el proceso que deberán seguir las familias afectadas por la construcción del Tren del Pacífico.
“Hemos leído y analizado el decreto de la Ley especial del Tren del Pacífico, pero no nos garantiza nada a todas las comunidades que radicamos en esas zonas. Somos 70,000 familias las que habitamos a lo largo de la línea férrea, para nosotros es preocupante no conocer más, porque las instituciones están cerradas en dar información, pero necesitamos un informe detallado de las comunidades afectadas” expresó Aragón.
De acuerdo a una carta remitida a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, por el presidente de CEPA, Federico Anliker, el 23 de septiembre de 2019, la institución considera que no es oportuno un proceso a favor de las familias, debido a que “existen tramos ferroviarios que, para esta administración se consideran estratégicos para los futuros proyectos”.
Asimismo, informaron que están buscando soluciones para los tramos del ferrocarril desafectados.
Mientras tanto, Daysi Cabrera, de la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea, señaló que en el Diario Oficial donde está publicado el decreto de Ley para la construcción del Tren del Pacífico, no existen garantías hacia las comunidades que habitan la línea férrea, en especial aquellas familias que ya cuentan con una escritura de propiedad.
“De tantos decretos aprobados por el presidente sólo han sido para favorecer a los ricos, pero no ha existido ni un solo decreto a favor de la clase pobre, solamente nos ha dado medicina amarga, este decreto del Tren del Pacífico perjudica a las familias que ya tienen escrituras. Hemos pedido audiencia al presidente de CEPA y no han respondido, estamos preocupados porque en Acajutla instituciones de gobierno ya están negociando con las comunidades”, manifestó.
Según, Esperanza Hernández, miembro de la Mesa por el departamento de San Salvador, las familias que por más de 40 años han habitado el lugar se sienten amenazadas de un desalojo, ya que en el gobierno de Nayib Bukele y sus respectivas instituciones han sido víctimas de la falta de voluntad política con respecto a los decretos que los amparan como beneficiarios de los procesos de legalización.
Pidió al gobierno cumplir con la escrituración de todas las comunidades que ya aparecen en los decretos legislativos, respetar el derecho de las personas poseedoras de terreno, dar seguimiento a los permisos para la introducción de los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y aguas negras; así como la derogación de la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico.
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