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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Flores, sobreviviente de la residencial Las Colinas, Santa Tecla, La Libertad, señaló que a 22 años de la tragedia del terremoto del año 2001, las gestiones que 77 familias han realizado a lo largo de todos estos años por una respuesta positiva para construir nuevamente sus viviendas aún espera en la OPAMSS.
“Todos los que fuimos afectados en esa tragedia y podemos decir que parcialmente se han logrado algunos objetivos, aunque sin completarse unos que son fundamentales y que aún no tienen respuesta como las familias que no aceptaron recibir los 75 mil colones en 2001, que recibirían de un fondo que era el remanente de 2.5 millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán (a la administración de Francisco Flores)”, recordó.
Esa fue la cantidad que recibieron las familias que presentaron sus documentos que identificaban que eran los propietarios de los inmuebles afectados en la zona de Las Colinas, al pie de la cordillera del Bálsamo. “El otro punto era la devolución de los terrenos de las personas que aceptaron los 75 mil colones y eso implicó el traslado de sus bienes a la Fundación Tecleña por el Medio Ambiente, entonces, en la Asamblea Legislativa se buscó ese segundo decreto -que fue aprobado- en donde se ordenó a FUTECMA que hiciera la devolución de los terrenos sin que las familias devolvieran los 75 mil colones”, explicó.
Esto que permitió a este grupo de familias lograr recuperar sus inmuebles, ya que actualmente en FUTECMA existe una cantidad mínima de terrenos no reclamados, pero ahora el problema que surge es la prohibición de construir de nuevo en la zona.
“Muchas de las familias han podido recuperar sus lotes y reconstruyeron en la zona del boulevard Sur hacia el Norte, excepto 77 familias que tienen sus inmuebles al pie de la Cordillera del Bálsamo, que es en donde generalmente se hacen las conmemoraciones del terremoto del 2001”, dijo.
“Y es donde la OPAMSS ha tomado una postura incompresible porque no quiere autorizar el permiso de reconstrucción, así que las familias que han recuperado su inmueble, no han resuelto su problema de vivienda. Y esa es una deuda que se debe saldar de alguna manera buscando diversas medidas de solución”, reiteró Flores.
Flores agregó que se ha planteado a la OPAMSS que las condiciones de riesgo actuales no son iguales a las condiciones de riesgo del año 2001, que han sido aminoradas y controladas con el reforzamiento y estabilización del talud de donde se dio el desprendimiento de tierra. Sumado a las obras de mitigación implementadas en los años 2006-2007, que ha contribuido a la estabilidad de la zona.
“Incomprensiblemente la OPAMSS se niega rotundamente a conceder los permisos para que las familias construyan sus viviendas que raya en una actitud y postura casi caprichosa”, consideró.
“Por esto se le ha planteado a la OPAMSS una decisión técnica, realizar un estudio que valore la condición de riesgo actual y sobre esa base tomar una decisión pero sustentada en un estudio científico y técnico. Es una de las deudas pendientes de cumplir para estas 77 familias que siguen a la espera de una respuesta favorable para reconstruir su vivienda y seguir con su vida”, agregó Flores.
El terremoto del 2001 tuvo una magnitud 7.6 grados en la Escala de Ritcher, y una duración de 45 segundos, que fue suficiente para causar innumerables afectaciones como las pérdidas humanas que sumaron 944 personas fallecidas (más de la mitad de estas pérdidas se registraron en Las Colinas); 5, 565 personas lesionadas y más de un millón 364, 160 personas damnificadas.
La Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo (MPGR), en el marco del 22 aniversario manifestó que “Es importante tener presente la memoria histórica de estas tragedias, con el objetivo de trabajar por reducir los impactos de futuros eventos naturales y socionaturales. Además, nos permite honrar a las víctimas y luchar por salvaguardar a las poblaciones que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, entres esta niñas, niños, mujres, adultos mayores, personas con discapacidad, que año con año se ven expuestas”.
“Como organizaciones de la sociedad civil, con trabajo de Gestión Integral de Riesgos, vemos con mucha preocupación que al inicio de un nuevo año persiste la falta de una visión prospectiva (prevenir) por parte del Estado salvadoreño que permita anteponerse a futuros riesgos”, reafirmó.
El terremoto de 2001, recordó la MPGR, dejó 169 mil 692 viviendas dañadas, de estas 108 mil 261 viviendas destruidas y 688 viviendas soterradas. Así como 19 hospitales dañados, 75 Unidades de Salud dañadas de manera permanente y 405 iglesias afectadas y dañadas.
“El Salvador es un país altamente vulnerable, la inversión en la prevención sigue siendo insuficiente; por ejemplo, el presupuesto asignado al Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN tuvo una reducción de 73, 205 dólares, según el Presupuesto General de la Nación para 2023, pues pasó de 2 millones 519 mil 420 (2022) a 2 millones 446 mil, 215 para el presente año”, señala.
“Como sociedad civil organizada reiteramos nuestra disposición de trabajar en conjunto en la prevención de desastres y urgimos medidas de prevención en materia de gestión integral. Un incremento al presupuesto de las instancias relacionadas y el desarrollo de institucionalización con un enfoque de gestión integral de riesgo”, agregó.
