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Redacción Nacionales
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Las familias aseguran que luego de que pagaran por 30 años sus lotes, sus escrituras no las han recibido, por lo que se presentaron ante la Fiscalía General de la República denuncias contra los desarrolladores parcelarios por el delito de estafa agravada.
Entre las demandas de los estafados, un promedio de 351 familias, también está la creación de una ley parcelaria y de lotificaciones permanentes, de uso habitacional, para que los desarrolladores se comprometan a entregar las escrituras al cancelar las familias de sus propiedades una vez canceladas.
Para los demandantes se “han incumplido por décadas” la entrega de escrituras a más de 7,500 familias que viven en la zona.
A la FGR llegó el director regional de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Alberto Velázquez, junto a varios demandantes.
Velásquez afirmó que interpusieron 351 denuncias por estafa agravada, sumando 865 denuncias con respaldo de COFOA desde 2021.
Para COFOA fue necesario que se presentaran las denuncias, ya que recientemente Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, presentó una propuesta de reforma al Código Penal para intercalar un artículo del delito de “comercialización de lotificaciones irregulares” con una pena de prisión de 8 a 12 años.
A esto se suma que el Viceministerio de Vivienda presentó una propuesta de Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional.
Además, los demandantes no descartaron la movilización de las familias y exigir en las calles, con marchas u otras actividades que su problema sea resuelto por el gobierno y las autoridades correspondientes.
Hay que señalar que a esta concentración se convocó a diputados de la Asamblea Legislativa, sin embargo, solo se hicieron presentes Claudia Ortiz, de Vamos, Francisco Lira, de ARENA, Ricardo Godoy y Rosa Romero.
Se debe hacer un análisis a la legislación penal para hacer una equiparación de las penas porque “no está actualizada”, dijo Romero, quien agregó que la condena no se debe dejar de dos a cinco años, sino que se debe extender.
Por su parte, Claudia Ortiz añadió que el problema es grave y genera injusticia en el país, ya que afecta a aproximadamente 350,000 familias.
COFOA es un ministerio de la Pastoral Social, de la Diócesis de Zacatecoluca, que con el modelo de organización comunitaria basada en la Fe de PICO o Pueblo Impulsando Comunidades a través de la Organización, intenta ayudar a los cristianos a llevar sus valores de Fe a la vida pública.
Además, busca ubicar a los servidores públicos, en el contexto para el cual son electos y sensibilizar a estos funcionarios públicos en su compromiso de servicio al pueblo.
Los lideres de COFOA también están conscientes de apoyar y prestar ayuda a los funcionarios, como se menciono arriba, sin importar su ideología y afiliación partidista, en la medida que se les requiera, y están claros en su rol ciudadano y su servicio a los demás.
