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Redacción Nacionales
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La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) denunció que este fin de semana varias familias de comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, huyeron de sus viviendas debido a la presión de los cuerpos de seguridad; incluso, maquinaria pesada comenzó a remover y destruir las primeras casas.
Más de 150 familias están siendo desalojadas de manera arbitraria de la comunidad, sin existir a la fecha una orden judicial o el debido proceso, todo se ha llevado a cabo por amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC).
“Las familias tenían de 10 a 15 años de residir en el lugar, no son usurpadores, pues cada familia instaló sus viviendas en un inmueble abandonado, donde los propietarios en todos esos años no tenían la posesión de dichos inmuebles, cuando la comunidad inició su proceso de organización comunitaria y procesos judiciales en materia civil, así comenzar la regularización de su posesión, casualmente apareció el supuesto nuevo propietario del inmueble”, detalló UNIDEHC.
UNIDEHC recalcó que el nuevo dueño de los terrenos apoyándose de fiscales y policías corruptos han fabricado una acusación y proceso penal, el cual generó capturas arbitrarias entre ellas, los dos líderes comunitarios, Medardo Arnoldo Rodríguez y Alejandra Jannette Cañas.
Asimismo, fue detenido ilegalmente el vocero de UNIDEHC, Fidel Zavala, y más de 19 habitantes de La Floresta, con lo cual, queda demostrado que la FGR no defiende a las verdaderas víctimas, su objetivo era lograr desalojar arbitrariamente a las familias.
Los abogados de UNIDEHC consideran que este desalojo de manera inhumana, es un claro desplazamiento forzado provocado por el Estado y gobierno de Nayib Bukele, las verdaderas víctimas son las familias de la comunidad.
“Por orden de Bukele la FGR capturó a Fidel Zavala, el motivo principal es haber dicho la verdad, que podía reconocer a los custodios, a los jefes y al director del centro penal que torturan y matan presos”, aseguró el equipo de UNIDEHC.
Esta organización fue la encargada de brindar asesoría legal a los campesinos. Las autoridades acusan a los detenidos de asociaciones ilícitas, usurpación y venta ilegal de terrenos. Tras la captura de Fidel Zavala, la FGR declaró que UNIDEHC al no estar inscrita en ninguna institución del Estado, incurre en el delito de asociación ilícita.
Sin embargo, muchos abogados consideran que este cargo es arbitrario, ya que UNIDEHC se dedica a la defensa de los derechos humanos y no a actividades delictivas; la PNC inició el desalojo de las familias, sin que el gobierno haya dado respuesta a las familias que viven en extrema pobreza.
