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Por Héctor Velasco/La Habana/AFP
Las FARC dejaron en suspenso el compromiso con el gobierno de Colombia de firmar la paz el 23 de marzo, here debido a que según esa guerrilla hay «escollos importantes» en la negociación que reanudaron el miércoles en La Habana.
Tras la pausa de fin de año, troche las partes regresaron a la mesa de diálogos bajo la expectativa de los colombianos de concretar en poco más de dos meses el acuerdo para poner fin a medio siglo de lucha armada.
Sin embargo, las FARC consideran casi imposible cumplir con el plazo que se habían comprometido con el presidente Juan Manuel Santos en septiembre en La Habana.
«Estamos haciendo hasta lo imposible, pero hay causas o factores objetivos que seguramente van a impedir que eso se dé el 23» de marzo, dijo a la prensa Joaquín Gómez, negociador de paz del grupo.
El jefe rebelde remarcó que todavía restan por superar obstáculos en las conversaciones que sostienen con el gobierno desde hace más de tres años en Cuba.
«Hay escollos tan importantes como es el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo», subrayó Gómez en alusión a los grupos clandestinos de ultraderecha que combaten a la guerrilla desde hace décadas.
El pronunciamiento choca con el empeño de Santos de «acelerar» las negociaciones con miras a rubricar el acuerdo definitivo en marzo.
Nuestros negociadores tienen «unas instrucciones muy claras: meterle el acelerador al proceso para que pongamos fin lo más pronto posible a este conflicto armado que tanto daño le ha hecho a nuestro país», afirmó Santos la semana pasada.
El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina, es uno de los más prolongados del mundo y deja unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
De la primera ronda de 2016 se espera que abra una nueva etapa en el proceso, caracterizada por un mayor dinamismo que facilite el término de una confrontación armada que ha causado la muerte a unas 300 mil personas.
Santos manifestó en días pasados la intención gubernamental de instalar una especie de mesa o cónclave permanente, de la que las delegaciones no deberían levantarse hasta alcanzar el objetivo común.
La modalidad sustituiría el esquema de ciclos con descansos intermedios, instituido desde el comienzo de las negociaciones, y según el presidente permitiría agilizar el intercambio en pos del acuerdo final, instrucción expresa que dio al equipo de paz gubernamental.
No obstante, a tono con los planteamientos de Gómez, en la búsqueda del armisticio definitivo aún quedan «escollos importantes» como la dejación de las armas, desmovilización de los guerrilleros y su reintegración a la sociedad.
Asimismo, otro asunto polémico a resolver es la definición del mecanismo que valide por la vía popular los consensos alcanzados.
El gobierno defiende la realización de un plebiscito, mientras que las FARC-EP abogan por una Asamblea Nacional Constituyente.
Como resultado de los diálogos las delegaciones lograron convenios en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas, cuyo número asciende a casi siete millones.
Reclamos por indulto y venta de estatal
Después de las diferencias que retrasaron el acuerdo sobre víctimas, anunciado el 15 de diciembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya habían expresado su escepticismo sobre el cumplimiento del plazo para rubricar el acuerdo final.
«Insistir en el 23 de marzo como fecha límite de los diálogos, luego de la demora en el acuerdo» sobre víctimas «es una ingenuidad ligera», escribió el martes en su cuenta de Twitter Iván Márquez, jefe negociador de los rebeldes.
De su lado, Joaquín Gómez aclaró que las FARC seguirán trabajando para alcanzar un acuerdo aun cuando sea casi imposible concertarlo esa fecha.
«Hemos hecho un gran esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo, pero son cosas que se le salen a uno de los manos», indicó.
Las FARC y el gobierno han cerrado parcialmente cuatro de los seis puntos que acordaron de la negociación: problema agrario, cultivo y tráfico de drogas ilegales, y participación política de los guerrilleros una vez depongan armas.
Quedan por definir el fin del enfrentamiento -que incluye el desarme de la guerrilla- y la implementación y refrendación de los convenios.
Para Santos y la guerrilla, el asunto más espinoso quedó prácticamente resuelto con el acuerdo de diciembre que prevé la reparación de las víctimas y el castigo a los responsables de delitos atroces durante el conflicto, incluidos agentes del Estado.
Entretanto, las FARC aprovecharon la reanudación de los diálogos para criticar de nuevo al gobierno por las «dilaciones» que han impedido la excarcelación de 30 guerrilleros indultados por Santos el 22 de noviembre, según Joaquín Gómez.
Asimismo, el negociador de la guerrilla fustigó a Santos por la venta de la participación mayoritaria de la generadora estatal de energía Isagen a un fondo canadiense privado por 2.000 millones de dólares.
Este negocio «lo consideramos como un atentado al patrimonio del pueblo colombiano, además que va en contra del espíritu de lo que se está acordando en la mesa», sostuvo Gómez.
El gobierno de Santos subastó el 57,61% de las acciones de Isagen para liberar recursos que serán destinados a la construcción de carreteras.
