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FARC-EP reitera su disposición a continuar el proceso de paz

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El alto representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Pastor Alape, negó las versiones sobre una presunta preparación de ese movimiento insurgente para la guerra urbana, de fracasar el proceso de paz con el Gobierno colombiano.

De acuerdo con una reseña publicada este martes por el diario El Espectador, el comandante del frente insurgente, Pastor Alape, desmintió las acusaciones e indicó que su grupo está caminando  con pasos de paz.

«Ninguna de nuestras estructuras se prepara para la guerra», insistió el líder insurgente durante una entrevista concedida a ese medio local.

En este sentido, Alape calificó de irresponsables las declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos al respecto.

Santos declaró recientemente que de frustrarse los diálogos de La Habana, lo que considera casi improbable, las FARC-EP podrían desplegar una ofensiva bélica en las ciudades (los espacios rurales han sido los sitios más castigados por el conflicto).

El pasado 8 de julio ocurrió un enfrentamiento entre efectivos del Ejército colombiano y del grupo insurgente en La Uribe, departamento de el Meta, no obstante tanto el abogado Humberto de la Calle -portavoz del Gobierno- como el jefe de las FARC-EP -Timoleón Jiménez- ratificaron su decisión de proseguir los diálogos rumbo a su satisfactorio desenlace.

El 23 de junio en La Habana el gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el pacto para poner fin de manera definitiva a las hostilidades entre ambas partes. La medida supone el paso más importante en el proceso de paz que busca poner fin a casi 60 años de conflicto armado interno.

Se estima que por el conflicto unas 220 mil personas han muerto y más de seis millones han sido desplazadas por la violencia.

El cese al fuego no solo implica el silenciamiento de los fusiles. También implica que se pondrá fin a la costumbre de ejercer la violencia como un medio para hacer lucha política.

Advierten amenazas a la paz

La incidencia de los Grupos Armados Organizados (GAO), reconocidos por ser herederos del paramilitarismo, son la gran amenaza de la paz integral en Colombia, sostuvieron promotores de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en dicha nación, a través de una carta.

En la misiva, que estuvo dirigida especialmente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se advierte que eliminar a los GAO es difícil debido al «complejo entramado de relaciones con agentes del Estado, con actores económicos y el aprovechamiento político de adversarios del proceso de paz», lo cual «garantiza su pervivencia y dificultan su erradicación».

En el texto se previene sobre la generación de subgrupos, que se marginan de los acuerdos, «reciclan la guerra y disputan con las instituciones el control de los territorios», como el caso de Los Urabeños o el antiguo Ejército Popular de Liberación  (EPL).

Los ciudadanos apuntaron que las fórmulas duales aplicadas por el Gobierno colombiano hasta ahora, basadas en un ataque incesante y diálogos para alcanzar la paz, han traído consecuencias graves para la nación.

«Como ha enseñado la amarga historia de la confrontación armada en Colombia, las tácticas duales de paz y guerra, vengan de donde vengan, han evidenciado su carácter nefasto para la paz y la democracia en Colombia», reza el documento.

Por lo cual, destacaron los avances para concretar los acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno neogranadino, para acabar el conflicto armado.

De igual forma, realizaron un llamado a Los Urabeños y al EPL «para que se dispongan con toda claridad a buscar opciones reales que permitan su reincorporación a la vida civil, ya sea por el camino del sometimiento a la justicia, o explorando otras alternativas antes de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP».

El llamado fue extendido a las organizaciones sociales, las comunidades educativas y los jóvenes colombianos, para emprender campañas conjuntas de promoción de valores éticos, cultura de legalidad y repolitización democrática en la sociedad.

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