Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Francisco Jara
La Habana/AFP
La guerrilla comunista de las FARC advirtió que «no es posible» sellar un acuerdo de paz para Colombia que contemple «un solo día de cárcel» para los guerrilleros, remedy luego de que aumentara la presión por justicia para las víctimas del conflicto armado.
«Manifestamos que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido el derecho a la rebelión (…) para acabar con las injusticias que ha padecido nuestro pueblo», declaró la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Ricardo Téllez, uno de sus delegados en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana.
«No son los miembros de las FARC quienes han gozado de impunidad a lo largo del conflicto colombiano, sino la oligarquía, la clase política gobernante y las fuerzas militares», añadió Téllez.
La delegación del gobierno no comentó esta advertencia, hecha por la guerrilla luego de que aumentara la presión nacional e internacional para que acepten juzgar a los rebeldes involucrados en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el marco del conflicto armado de medio siglo.
El exsecretario general de la ONU Kofi Annan, premio Nobel de la Paz 2001, advirtió el viernes en una reunión con los negociadores de ambas partes en La Habana, que si un eventual acuerdo de paz no contempla justicia en Colombia, podría intervenir la Corte Penal Internacional (CPI).
«La Corte Penal Internacional tiene la norma de que si el gobierno involucrado, en este caso el gobierno colombiano, no soluciona los asuntos de justicia, no establece un tribunal (…), la CPI interviene», dijo Annan en una rueda de prensa junto a los jefes negociadores de las FARC, Iván Márquez, y del gobierno, Humberto de la Calle.
Las FARC han admitido que sus acciones armadas afectaron a la población civil colombiana, y no sólo a las fuerzas militares, pero niegan haber cometido crímenes de «lesa humanidad» o infringido el «derecho internacional humanitario», que regula la conducta de los beligerantes en un conflicto armado.
A su vez, la guerrilla denuncia que el gobierno está intentando asegurar la «impunidad» de los miembros de las fuerzas militares y policiales responsables de crímenes en el conflicto armado.
El gobierno de centro-derecha de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, están negociando desde noviembre de 2012 el fin del conflicto, que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras oficiales.
Visita reservada de enviado de Estados Unidos
Ninguna de las dos delegaciones de paz ha revelado hasta ahora lo que conversaron con el enviado especial estadounidense, Bernie Aronson, quien visitó este fin de semana a La Habana con tal propósito.
Aronson cumplió su visita en forma reservada «por decisión del gobierno de Estados Unidos», según dijo a la AFP una fuente del equipo del gobierno colombiano.
Ambas partes están debatiendo desde hace siete meses el complejo tema de la reparación de las víctimas, cuarto de los seis puntos de la agenda de paz.
Además, este jueves sesionará la nueva «subcomisión» conjunta de desarme, el siguiente punto de la agenda, integrada por cinco generales y un almirante por el lado del gobierno y comandantes guerrilleros por parte de las FARC.
Esta «subcomisión» debe preparar el terreno para un cese del fuego bilateral y su puesta en marcha busca acelerar las negociaciones. Desde hace más de dos meses rige en Colombia un alto al fuego unilateral de las FARC.
La incorporación de jefes militares a este equipo fue calificada como «de la mayor gravedad» por el expresidente derechista Alvaro Uribe (2002-2010), un duro crítico del proceso de paz.
«A las Fuerzas Armadas se las va a poner en el mismo nivel que el terrorismo. Ahora les obligan no a cumplir su tarea de dar seguridad a los ciudadanos, sino de ser interlocutoras del terrorismo de tú a tú», afirmó Uribe al diario español El Mundo, coincidiendo con la visita del presidente Santos a Madrid.
